Vacuna

 

Se presenta iniciativa de ley en Guatemala que establece marco jurídico para firma de contratos de adquisición de vacunas Covid-19

El gobierno de Guatemala presentó al Congreso una iniciativa de ley que exime de responsabilidad a las farmacéuticas por efectos adversos a las vacunas Covid-19 y establece un sistema de compensación a quienes resulten con daños adversos directamente vinculados a la vacuna. Se trata del marco jurídico que el gobierno dice que es necesario para firmar acuerdos para la compra de las vacunas.

La iniciativa fue presentada el 24 de junio y además de actualizar las disposiciones contenidas en la norma del Ministerio de Salud del 18 de febrero, eleva las disposiciones a rango de ley, creando el marco jurídico con los requisitos exigidos por los laboratorios para que el gobierno firme contratos de venta de las vacunas Covid-19. Más aun, se trata del marco jurídico necesario para que Guatemala pueda recibir el donativo de 500 millones de dosis de vacunas Moderna prometidas por el gobierno de los Estados Unidos y para que reciban las vacunas Pfizer y Johnson & Johnson del mecanismo Covax al que Guatemala está suscrito.

La ley, de ser aprobada, eximirá de responsabilidad civil por reacciones adversas a los laboratorios fabricantes de las vacunas Covid-19 en tanto no se extinga la emergencia de aplicación de estas vacunas. La protección se otorga a los fabricantes de vacunas aprobadas por la autoridad competente bajo el régimen de uso por emergencia o aprobación transitoria. Esta disposición no será aplicable si se realizan acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por incumplimiento de las obligaciones de buenas prácticas de manufactura, o cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de registro y aprobación de las vacunas.

Se cubren tres supuestos de reacciones adversas serias a la vacuna que son la hospitalización, una discapacidad o incapacidad persistente o significativa o la muerte de la persona vacunada. En estos casos, será el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, creado en esta ley, el que analizará caso por caso si los eventos son consecuencia directa de la aplicación de la vacuna y no resultado de una mala conducta intencional o con dolo de la persona afectada.

Para que inicie el mecanismo de evaluación y posible compensación, se deberá notificar la ocurrencia a la autoridad sanitaria dentro del plazo de 30 días de que aconteció la reacción adversa seria supuestamente atribuible a la vacunación.

En caso de ser procedente la compensación, la iniciativa de ley establece dos casos. El primero es si la persona afectada es beneficiaria del seguro social, en cuyo caso aplica lo dispuesto en la Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para los casos de enfermedad, discapacidad o incapacidad y muerte. El segundo caso se refiere a las personas no aseguradas.

Respecto de este segundo grupo, en caso de hospitalización, el internamiento se hará en algún hospital de la red hospitalaria nacional pública y se garantizarán los cuidados y medicamentos necesarios. Además, por cada día de internamiento y los subsiguientes de recuperación y rehabilitación que requieran las lesiones serias, se entregará una compensación económica por el monto que establezca el salario mínimo diario para actividades no agrícolas aprobado por el gobierno.

En los casos de discapacidad, incapacidad persistente o significativa y muerte, la compensación para los no asegurados consistirá en el pago de tres salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas.

Esta iniciativa de ley y las declaraciones del gobierno de Guatemala arrojan algo de luz a las exigencias que los laboratorios están estableciendo en todo el mundo para la entrega de las vacunas contra una enfermedad que ha puesto al mundo en jaque y que, en gran medida, recibieron financiación pública de diferentes gobiernos para su desarrollo. Los contratos que los estados firman con estas empresas son confidenciales de tal forma que se desconocen los detalles de las transacciones e incluso los precios que se fijan por vacuna lo que da margen a las empresas a negociar condiciones diferentes en cada país.

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