Chocolate Kit-Kat de Nestlé

 

Suprema Corte de Estados Unidos rechaza jurisdicción de tribunales para conocer caso contra Nestlé por trabajo esclavo en cultivo de cacao

Por no haber probado suficientemente la vinculación con las decisiones tomadas en los Estados Unidos, la Suprema Corte de ese país desechó la demanda presentada en 2005 por seis marfileños que acusaban a Nestlé USA y Cargill por fomentar el trabajo esclavo infantil al comprar cacao de bajo precio a plantaciones que usan trabajo infantil.

Los seis demandantes, representados por la organización International Rights Advocates, que busca terminar con el trabajo infantil en el mundo, trabajaron de niños en plantaciones de Costa de Marfil que vendían en exclusiva cacao a bajo precio a Nestlé y Cargill. En la documentación legal exponen que los obligaban a trabajar entre 12 y 14 horas al día, bajo la vigilancia de guardia armados para evitar que escaparan, recibiendo como contraprestación poco más que los alimentos.

Según International Rights Advocates, un estudio reciente del departamento del Trabajo de los Estados Unidos señala que un estimado de 1.56 millones de niños trabajan en plantaciones de cacao en Costa de Marfil y Ghana. En Costa de Marfil, casi el 40 por ciento de los niños realizan actividades peligrosas y niños de incluso cinco años son expuestos directamente a químicos tóxicos, usan herramientas filosas, llevan pesadas cargas de cacao y trabajan largas horas, inclusive en la noche.

En la demanda se expuso que Nestlé y Cargill tienen contratos de exclusividad con las plantaciones en Costa de Marfil y que a cambio de fertilizantes, herramientas, capacitación y dinero, tienen el derecho exclusivo de comprar el producto a bajo precio. Por esto, las empresas sabían o debían saber que se usaba trabajo infantil en esas plantaciones, lo que, por supuesto, es negado por las empresas.

La demanda se presentó bajo la Alien Tort Statute, una ley que data de 1789 y que faculta a los tribunales de los Estados Unidos a conocer de asuntos que violen o vulneren los derechos humanos cometidos en otros países.

En 2010 la demanda fue desechada al considerarse que no existía jurisdicción para la revisión del caso toda vez que los hechos ocurrieron en Costa de Marfil, pero la Corte de Apelaciones concedió que, conforme a una decisión de la Suprema Corte de 2013, podría haber jurisdicción si se demostraba suficientemente que se afectaba negativamente un interés de los Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones se refirió al decisión tomada en torno de la demanda presentada por un grupo de nigerianos en la que acusaban a Shell de haber cometido actos de tortura y violaciones de derechos humanos del pueblo ogoni. En esta decisión de 2013, la Suprema Corte fijó los límites bajo las que se puede demandar invocando el mencionado estatuto estableciendo que cuando las reclamaciones toquen y se refieran al territorio de los Estados Unidos deben hacerlo con la fuerza suficiente para desplazar la presunción contra la aplicación extraterritorial.

En 2012, la Suprema Corte de Estados Unidos tomó otra decisión importante sobre la jurisdicción universal concluyendo que las víctimas de actos de tortura cometidos en otros países pueden demandar en los tribunales estadounidenses, pero solo contra individuos, no contra corporaciones o grupos políticos.

En el caso contra Nestlé y Cargill, ocho de los nueve jueces de la Suprema Corte concluyeron que no se alcanzaba ese mínimo vínculo con los Estados Unidos principalmente porque la mayoría de las decisiones corporativas de las empresas se tomaban en Estados Unidos y todas las acciones que se acusan que apoyaban el trabajo esclavo infantil se realizaban en Costa de Marfil.

Con la decisión de esta semana, tres ministros intentaron cerrar aun más el ámbito de aplicación de la Alien Tort Statue, al señalar que solo debía aplicarse en tres casos: “violación de inmunidad, infracción a los derechos de embajadores y piratería”. Esta opinión de los ministros Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, no fue aprobada por la mayoría.

En opinión disidente, el ministro Samuel A. Alito Jr. escribió que “si un reclamo particular puede ser presentado bajo” el estatuto de 1789 “en contra de un persona física que es ciudadano de los Estados Unidos”, entonces, “un reclamo similar puede ser presentado en contra de una corporación nacional.”

Conocida la decisión de la Suprema Corte, el abogado Terry Collingsworth, director Ejecutivo de International Rights Advocates declaró que “fuera de esta opinión dividida, todavía tenemos la esperanza de que los Demandantes tengan su día en el Tribunal. Ninguno de los jueces y ninguna de las partes niega que los niños como los demandantes continúan sufriendo los horrores del tráfico y la esclavitud. Esperamos que en lugar de luchar contra esto durante varios años más y gastar millones de dólares adicionales en abogados, cabilderos y firmas de relaciones públicas, Nestlé y Cargill decidan usar su poder y recursos para finalmente dejar de depender del trabajo infantil, como prometieron hacer cuando firmaron el Protocolo Harkin-Engel en 2001".

El mencionado Protocolo fue firmado por fábricas y productores de cacao prometiendo que terminarían con el uso de trabajo esclavo infantil. Lamentablemente muy pocas de ellas han cumplido la promesa.

Junto con la industria de la moda, este caso ejemplifica muy bien cómo la pobreza sirve a los intereses de nosotros, los consumidores, que queremos que todo sea accesible y barato, sin comprender que lo barato implica el sufrimiento de trabajadores, en este caso niños, que son explotados.

Más información nytimes.com / iradvocates.org

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