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Según estudio, casi un tercio de las empresas en España aún no implementan el registro distributivo para transparentar los salarios que reciben mujeres y hombres

En España, el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, del 13 de octubre de 2020, reguló el registro distributivo que deben de llevar las empresas, el cual debía ser implementado en un periodo de 6 meses, contados a partir de la publicación del decreto. Algunas empresas han acudido a los servicios de despachos especializados como Lexway y otros para dar cumplimiento a las disposiciones del Real Decreto y evitar sanciones.

Según un estudio de Adecco Group Institute casi un tercio de las empresas españolas no ha implementado el registro salarial que es obligatorio desde el pasado 14 de abril.

El registro pretende llevar a la realidad el principio de igual retribución en el trabajo, de igual valor, entre mujeres y hombres, estableciendo un control de los sueldos de los trabajadores, que incluye a los puestos de mando y decisión, al que los empleados puedan acceder, y asegurar la igualdad retributiva.

La norma regula el apartado 2 del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que establece que el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extra salariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

El Real Decreto incluye en el registro retributivo, entre otros aspectos, los criterios para desagregar por sexo la información retributiva de la empresa, los sistemas de clasificación profesional, su vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través de una correcta valoración de los puestos de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras a acceder al contenido del registro.

En el caso de que la media o la mediana de los sueldos de todos los trabajadores de un sexo sea superior a la del otro en más de un 25%, las empresas de más de 50 trabajadores deberá incluir en el registro una justificación de las diferencias.

Las empresas también están obligadas a tener un plan de igualdad e incluir en el mismo una auditoría retributiva si tienen más de 100 trabajadores, y desde el 8 de marzo de 2022 también deben hacerlo las que tienen entre 50 y 100 trabajadores. El objetivo es comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Forma parte de la información que podrá servir para llegar a cabo actuaciones judiciales, como establece la ley, así como para procedimientos de oficio.

El incumplimiento de la obligación de llevar el registro salarial por parte de la empresa se considera una infracción grave, conforme con lo dispuesto en los artículos 7.5 y 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y la sanción puede suponer una multa con importes que van de los 625 a los 6,250 euros. Además de las posibles sanciones accesorias que se pueden imponer por no cumplir con las medidas de igualdad, como perder ayudas y subvenciones o cualquier beneficio derivado de la aplicación de los programas de empleo.

Al cierre de 2020, las mujeres tenían el 74% de los contratos parciales en España, porcentaje que ha crecido en el último año, sobre todo porque ellas han sufrido una mayor pérdida de empleo, han firmado más contratos temporales y ha aumentado el tiempo que  dedican al cuidado de menores o dependientes, una realidad que tiene impacto directo en los salarios.

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