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Manos estrechadas

 

Departamento de Justicia de EEUU desecha demanda contra John Bolton por libro, pero mantiene defensa en demanda por difamación

Sin hacer declaraciones el respecto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con quien fue asesor de seguridad de Donald Trump, John R. Bolton, por la demanda presentada por la anterior administración por la publicación de un libro que decían tenía información clasificada. Con este acuerdo la demanda queda desechada.

En junio de 2020 el Departamento de Justicia presentó una demanda para retrasar la salida a la venta el libro titulado en inglés The Room Where It Happened, en el que Bolton, cómplice de muchas controvertidas decisiones de la administración Trump, escribió sobre su paso por la administración Trump.

En la demanda, el Departamento de Justicia exponía que el libro contiene información clasificada y que se podría comprometer la seguridad nacional y solicitaba que el juez tomara el control del dinero generado por las ventas del libro y que ordenara a Bolton que “instruya o solicite a su editorial, en la medida en que tenga autoridad para hacerlo”, que recuperara y dispusiera de las copias del libro para retrasar su lanzamiento.

El juez federal de distrito Royce C. Lamberth concluyó que el libro podía ser distribuido, pero permitió que el Departamento de Justicia siguiera la acción legal para hacerse de los beneficios generados por las ventas. Así, abrieron una investigación penal para determinar si en el libro se había revelado información confidencial.

Con el cambio de administración, el Departamento de Justicia de la administración de Joseph R. Biden Jr. heredó este y otros asuntos iniciados por Trump, muchos de lo que se dice estuvieron políticamente motivados. De esta forma, los funcionarios del Departamento de Justicia han estado determinando qué asuntos siguen en proceso y cuales dan por terminados.

En este sentido, en una decisión que ha generado mucha sorpresa y controversia, la semana pasada se anunció que continuarían la defensa de Donald Trump en la demanda presentada por difamación en su contra por la periodista Jean E. Carroll. La periodista asegura que en la década de los años 90 fue violada por Donald Trump en un vestidor de una tienda de artículos de lujo de la ciudad de Nueva York. Cuando en 2019 ella hizo pública su acusación, en su característico estilo, Trump la acusó de mentirosa, diciendo que ella no era “su tipo”, que solo trataba de “vender un libro” y que ese libro debía ser vendido “en la sección de ficción.” Por estas declaraciones Jean E. Carroll lo demandó por difamación ante una corte del estado de Nueva York.

En septiembre de 2020, el entonces fiscal general, William P. Barr, pidió que la demanda se moviera a un tribunal federal y tomó la defensa del entonces presidente Trump pidiendo que la demanda fuera desechada porque las declaraciones contendidas como difamatorias fueron hechas en ejercicio de funciones. Para tal efecto invocó la ley llamada Federal Tort Claims Act que protege a los funcionarios de demandas por palabras o actos en ejercicio de sus funciones.

El primer juez que revisó este asunto, Lewis A. Kaplan, desechó la moción del Departamento de Justicia porque las palabras de Donald Trump fueron dichas no en ejercicio de sus funciones como presidente, sino como persona privada.

La decisión fue apelada antes de la salida de Trump y las apuestas eran que el Departamento de Justicia de esta nueva administración también se desvincularía del caso, pero para sorpresa de todos seguirán con este caso porque aunque las palabras del entonces presidente fueron “vulgares e irrespetuosas”, las hizo en ejercicio de sus funciones por lo que seguirán defendiendo que están bajo el amparo de la citada ley federal. Esta decisión podría dar por terminado el caso de difamación de Jean E. Carroll en contra de Trump.

Sin duda las decisiones que debe tomar el Departamento de Justicia para diferenciar entre los casos que estuvieron política o personalmente motivados de los que tienen un sustento legal de defensa de la institución misma de la presidencia, no es sencilla. Pero estas decisiones, sin duda tendrán un costo político para la nueva administración.

Más información nytimes.com

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