Frente al riesgo de demandas que enfrentan en sus localidades, los alcaldes italianos piden cambios legislativos
Los alcaldes italianos se han unido y están pidiendo que se hagan cambios legislativos que los protejan del riesgo de ser demandados que ahora enfrentan por el mero ejercicio en el cargo que los responsabiliza de casi todo lo que sucede en sus jurisdicciones.
El caso más reciente que ejemplifica esta situación es el de la alcaldesa de Crema, Stefania Bonaldi, que mientras atendía a un evento a principios de mes llegó la policía para informarle que está bajo investigación por ocasionar lesiones a un menor de edad.
La queja se refiere al incidente ocurrido a un niño pequeño en la escuela que se machucó los dedos en una puerta. Aunque el niño no sufrió lesiones importantes, los padres están haciendo responsable a la alcaldesa de lo ocurrido porque ella es responsable de la seguridad en los espacios públicos.
“Estaba en verdad impactada”, declaró la alcaldesa Bonaldi a Reuters. “Si te investigan por algo como esto, entonces te pueden investigar por cualquier cosa que suceda en tu localidad”.
Para la defensa de estos casos ante el gobierno y el cabildeo de leyes que los protejan de acciones civiles y penales, existe la Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, una organización sin fines de lucro que representa los intereses de los municipios frente a los poderes centrales y regionales. Sobre la exposición que tienen a estas demandas, se refirió el actual presidente de ANCI, Antonio Decaro, alcalde de Bari: “Cada vez que firmas una ordenanza te arriesgas a cometer un delito. Pero si no la firmas, te arriesgas a que te presenten cargos por negligencia en el cumplimiento del deber.”
El alcalde Decaro opina que por estos excesos cada vez son menos personas las que se postulan para ocupar estos cargos de elección popular. “Cuando te investigan, incluso por algo estúpido, las noticias sobre ello pueden destruir tu reputación profesional. Estos casos pueden durar años.”
Otro caso reciente es el de la alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, que en enero fue sentenciada a un año seis meses de prisión suspendida por la estampida ocurrida durante la transmisión de la final de la Copa UEFA en una plaza pública que acabó con la vida de dos personas. Junto con otros funcionarios municipales, fue procesada por homicidio, lesiones y desastre por negligencia.
Cuando conoció la sentencia, la alcaldesa Appendino, que anunció que no buscará la reelección, escribió en su perfil de Facebook que se deben analizar responsabilidades que los servidores públicos tienen respecto de actos desencadenados por terceras personas, en su caso “una banda de atracadores”.
Si bien el caso de Turín podría plantear algunas dudas, el proceso que vivió Alvise Maniero, elegido alcalde de Mira en 2012 cuando tenía 26 años, expone más clara la petición de los alcaldes italianos. Él fue demandado por 11 millones de euros por las lesiones que sufrió un adolescente cuando de noche irrumpió en una alberca pública y sufrió una mala caída. El proceso penal duró cinco años y, al final, Alvise Maniero fue declaro no culpable, pero si lo hubiera sido hubiera sido su ruina financiera. “Nunca habría podido pagar tanto dinero”, declaró a Ruters, porque no hubiera alcanzado el seguro que los alcaldes suelen contratar para protegerlos de demandas.
Este político todavía está litigando el reembolso de los honorarios que pagó a los abogados que llevaron su caso que ascienden a unos 15,000 euros. Ahora es parlamentario y está a favor de un cambio de legislación que otorgue mayor protección a los alcaldes de que sean responsabilizados de todo lo que sucede en sus jurisdicciones.
Las leyes que permiten este exceso de acusaciones tienen su origen en esfuerzos anticorrupción, pero en casos que involucran dinero también se deja expuesto al funcionario a los ataques de partidos opositores. Por ejemplo, Simone Uggetti, cuando fue alcalde de Lodi, fue acusado de haber manipulado el proceso de licitaciones para otorgar contratos para la construcción de dos albercas públicas. En primera instancia fue encontrado culpable, pero el tribunal de apelaciones encontró que no había delito que perseguir porque no recibió beneficio alguno de los dos contratos.
El 7 de julio está prevista una reunión de ANCI para discutir esta situación que enfrentan los alcaldes italianos a diferencia de sus contrapartes en otros países de Europa.
“No queremos inmunidad, queremos equidad”, dijo al respecto el alcalde Decaro. Como dice el sabio refrán popular, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
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