Manos tras las rejas

 

Ingresó a prisión española sentenciada por el secuestro internacional de sus dos hijos, en caso con acusaciones de violencia doméstica

El viernes de la semana pasada, Juana Rivas ingresó a un centro de detención en Granada, España, en cumplimiento de la sentencia dictada en su contra el 21 de mayo por el secuestro internacional de sus dos hijos. Se trata de un largo y complicado caso que involucra denuncias por violencia familiar y la sustracción de los menores.

Juana Rivas es una mujer española que tuvo una relación sentimental con Francesco Arcuri, con domicilio en Cerdeña, Italia. Tuvieron dos hijos, uno nacido en 2005 y el otro siete años después. Entre el nacimiento de ambos hijos mediaron denuncias de ambas partes de violencia doméstica y una condena en Granada, España, donde residía la familia, a Francesco Arcuri por esta causa. Después del nacimiento del segundo hijo la familia trasladó su residencia a Cerdeña.

En mayo de 2016, acompañada de sus dos hijos y con la excusa de ir a visitar a la familia, Juana Rivas regresó a España y se negó a regresar a Italia o a entregar al padre a sus dos hijos. Por no tener la custodia absoluta de los menores, Arcuri inició en Italia proceso judicial para pedir la devolución de sus hijos. Pese a existir sentencia judicial, Juana Rivas se negó repetidamente a regresar a los menores y mientras presentó en España e Italia varias acusaciones de violencia y maltrato en contra del padre de los niños.

Finalmente, el 24 de julio de 2017 la Audiencia de Granada concedió un plazo de 24 horas a Rivas para regresar a los niños y se empiezan a cuestionar las denuncias de violencia. Recursos van y vienen hasta que la madre fue detenida en agosto, aunque se le concedió salir bajo fianza, y el 28 de agosto regresa a los niños a Cerdeña en donde permanecen desde entonces.

Por el secuestro internacional de los niños, en julio 2018, Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión, a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, al pago de 30,000 euros de indemnización a su expareja y al pago de gastos judiciales. Esta sentencia fue apelada, pero ratificada en marzo de 2019, rebajando, sin embargo, la indemnización debida a Arcuri. En abril de este año, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, pero rebajó la sentencia a dos años y medio de prisión, confirmando los seis años de pérdida de patria potestad y fijando en 12,000 euros la indemnización.

La indemnización ya fue pagada y el 11 de junio Juana Rivas ingresó a un Centro de Inserción Social en Granada. Estas instalaciones penitenciarias permiten el ingreso a quienes se presenten voluntariamente, tengan una condena inferior a cinco años, hayan cometido su primer delito y hayan satisfecho la responsabilidad civil, entre otros. El ingreso a este centro podría significar que en unas semanas la Junta de Tratamiento disponga que Juana Rivas puede ser clasificada en tercer grado lo que significa que puede cumplir la sentencia en semilibertad, ya sea saliendo durante el día del centro y regresando a dormir por las noches, o incluso cumplir la sentencia en su casa con un brazalete electrónico.

Mientras en Italia se archivaron todas las denuncias que Juana Rivas presentó en contra de su expareja por violencia familiar.

El caso ha generado mucho interés mediático en España en donde se ha considerado que la sentencia es injusta porque se trata de una madre queriendo proteger a sus hijos de un padre violento. El Italia la historia que se cuenta es diferente, acusando a Juana Rivas de haber presentado denuncias falsas de violencia doméstica para lograr sus objetivos personales.

Si la historia en España sobre justicia feminista prevalece y hay suficiente presión mediática, el presidente Pedro Sánchez podría concederle el indulto, aunque es una posibilidad que el gobierno lleva analizando por “canales normales” desde 2019.

Para agilizar el regreso de los menores que son sustraídos en pleitos de custodia, existe desde 1985 el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Es un tratado multilateral que tiene la finalidad de proteger a los niños de los efectos perjudiciales de la sustracción y retención que traspasen las fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para su pronta restitución.

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