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Manos estrechadas

 

Tribunal del Reino Unido concluye que adjudicación de contrato durante crisis sanitaria a empresa con vínculos con funcionarios fue ilegal

La juez Finola Mary O’Farrell del Tribunal Superior de Londres, concluyó esta semana que el contrato adjudicado por la Oficina del Gabinete a una empresa encuestadora con vínculos con altos funcionarios del gobierno de Boris Johnson fue ilegal.

Se trata de un contrato que se adjudicó sin licitación pública a la encuestadora Public First, propiedad de amigos de largo tiempo de Dominic Cummings, entonces asesor del primer ministro, y de Michael Gove, ministro de la Oficina del Gabinete. Dominic Cummings dejó el cargo de asesor después de varias controversias por el incumplimiento de las medidas para evitar la propagación de Covid-19 y hace unas semanas declaró ante el Parlamento británico criticando las decisiones del gobierno respecto del manejo de la crisis sanitaria, sugiriendo que Boris Jonhson no está capacitado para administrar el país en esta crisis.

La adjudicación del contrato sin licitación con fundamento en las medidas de emergencia por el nuevo coronavirus, fue recurrida en los tribunales por la organización sin fines de lucro Good Law Project, GLP, que argumentó que el contrato se adjudicó por ser la empresa de amigos de Cummings y Gove.

Public First, dirigida por un matrimonio, fue contratada en enero de 2020, antes de la pandemia, para encuestar a los votantes del norte sobre qué entendían por la política del gobierno de “subir el nivel”. Cuando se hizo patente la crisis sanitaria en marzo, se adjudicó un contrato a la empresa por 90,000 libras esterlinas, por debajo del límite para realizar una licitación pública, para organizar grupos que evaluaran los mensajes del gobierno sobre las medidas sanitarias.

En junio se adjudicó un segundo contrato con valor máximo de 840,000 libras esterlinas, pero fue adjudicado sin licitación con fundamento en las medidas de emergencia que permiten al gobierno realizar contrataciones relacionadas con la crisis sanitaria. Finalmente se terminó pagando a la empresa 564,393 libras esterlinas por el trabajo.

La existencia de ese contrato fue revelada en julio por la organización OpenDemocracy y el diario The Guardian y en su momento el gobierno descalificó el argumento de que la adjudicación se debiera a la amistad con el entonces asesor del primer ministro. Sin embargo, en febrero Dominic Cummings aceptó tener una relación de varios años con el matrimonio propietario de la encuestadora, pero aclaró que la había recomendado porque conocía su trabajo y pensaba que era la mejor opción para hacer un buen trabajo con tan poco aviso. Un argumento semejante presentó ante el tribunal la Oficina del Gabinete.

Este miércoles, la juez O’Farrell concluyó que “la decisión del 5 de junio de 2020 de adjudicar el contrato a Public First dio lugar a una predisposición aparente y fue ilegal”. Expuso que la omisión de la Oficina del Gabinete de identificar o considerar cualquier otra agencia de investigaciones para hacer el trabajo dio la apariencia de “un peligro real” de que el contrato estaba sesgado.

El fallo ha tenido varias lecturas. Un vocero de Downing Street declaró que “el fallo deja claro que no hay indicación de una predisposición real en la decisión de adjudicar el contrato, que no fue debido a conexiones personales o profesionales”.

Por su parte, Jolyon Maugham, director de GLP dijo: “Simplemente no entendemos cómo el primer ministro puede dirigir un gabinete que actúa sin la consideración debida a las leyes o al valor del dinero público. El gobierno ha argumentado que no hubo favoritismo en la adjudicación de contratos. Pero el tribunal superior ha sostenido que un observador informado podría concluir lo contrario.”

Esta es la primera decisión respecto de una serie de recursos que GLP ha presentado en contra de la adjudicación de contratos sin licitación ni concurso del gobierno británico durante la crisis sanitaria.

Más información theguardian.com

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