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La Sala Cuarta del Tribunal Supremo de España resolvió que la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) cumple con los requisitos para funcionar como sindicato

Discretamente en el verano de 2018, el sindicato OTRAS fue fundado y en agosto de ese mismo año su registro oficial fue publicado en el Boletín Oficial del estado (BOE) por la Dirección General de Trabajo del Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Tan discreta fue la creación que ni la propia ministra de la cartera social conocía de él.

En la publicación se establece que OTRAS obtuvo el visto bueno al comprobarse "que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales".

Pero la reacción hacia el sindicato fue negativa. En las redes sociales se publicaron expresiones como “La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia”, de Carmen Calvo, entonces vicepresidente del gobierno.

La presidente andaluza, Susana Díaz, lo calificó como "una manera descarada" de encubrir la trata de personas, la explotación sexual de las mujeres y de querer legalizar la prostitución.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró que su gobierno "no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita", destacando que el registro fue un "acto administrativo que no contenía errores de forma, pero sí de fondo".

Finalmente, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla demandaron la nulidad de los Estatutos y del acta de constitución de OTRAS, la disolución de la organización sindical y la baja de la misma en el registro correspondiente. A está demanda se adhirió el Ministerio Fiscal.

Los argumentos giraban en torno a la explotación de la mujer por proxenetas, legalización de la prostitución o el uso sexual de las personas.

Para OTRAS el sindicato no es exclusivamente de prostitutas, sino que también se dirige a otras actividades como los bares de alterne, la industria pornográfica, los centros de masaje y los espectáculos eróticos. "Defendemos a las mujeres, en ningún caso a las empresas ni a los explotadores", señalaron.

En noviembre de 2018 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anuló los estatutos de OTRAS porque "un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales, que le indique el empresario con las personas que este determine a cambio de una remuneración (prostitución por cuenta ajena o prostitución asalariada), debe reputarse nulo".

La sentencia destaca que OTRAS incluye en sus estatutos aquellas "actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes” expresión que para la Audiencia comprende “tanto las actividades del alterne, como el ejercicio de la prostitución bajo el ámbito organicista y rector de un tercero”, por lo que al no excluir tales servicios los estatutos serían contrarios al ordenamiento jurídico.

La decisión señalaba también que validar al sindicato, sería admitir que los proxenetas pueden “crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se pudieran adoptar medidas de conflicto colectivo".

El caso llegó a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que decidió revertir la decisión de la Audiencia Nacional y validar los estatutos.

La sentencia señala que los estatutos sindicales no determinan la legalidad de una actividad y que en este caso se debe “comprobar si la libertad sindical que invocan quienes han promovido OTRAS cae dentro de los confines del vigente ordenamiento", por lo que el análisis se centra en el contenido de los estatutos, “no el de realidades paralelas o conexas, siendo por completo ajeno a este litigio el debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los estatutos, y con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo”.

La sentencia del Tribunal Supremo concluye que los estatutos impugnados cumplen con la ley y que “las personas que desarrollan trabajos sexuales gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse”.

El máximo tribunal español destaca que en los estatutos del sindicato “no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena" y que OTRAS reconoce que en esos casos "no existe relación laboral válida". La Audiencia estimaba que los estatutos sí incluían la prostitución asalariada.

En conclusión, el Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional y se estiman ajustados a derecho los estatutos impugnados, por lo que OTRAS puede operar.

Esta decisión está en línea con la postura que asumió el Tribunal Supremo en abril que concluyó que una prostituta es empleada de antro, no en la calidad de burdel, sino por haber procurado que sus clientes consumieran en el local, que es exactamente una de las relaciones a que se refiere OTRAS.

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