Representación de la libertad de expresión

 

La Suprema Corte tendrá que decidir si las escuelas públicas tienen derecho a castigar a sus estudiantes por comentarios realizados fuera de sus instalaciones

En 2017, después de ser un año porrista, Brandi Levy, en ese entonces de 14 años, hizo una prueba para pasar de junior varsity a varsity cheerleader en su escuela Mahanoy Area High School, en Mahanoy City, en Pensilvania, Estados Unidos, pero no fue aceptada. Así, que frustrada, el 28 de mayo de ese año tomó su teléfono móvil y se hizo una foto con una amiga con el dedo medio en alto y la publicó en Snapchat, mandando la escuela, las animadoras, el softbol, todo, al carajo, por decirlo suavemente ("f*** school, f*** softball, f*** cheer, f*** everything).

La publicación se configuró como privada, pero fue vista por sus 250 “amigos y conocidos”. La foto se tomó frente a una tienda de conveniencia, fuera del campus escolar, y sin ninguna referencia a la escuela. Cinco días después, el 1 de junio de 2017, Levy envió la imagen a uno de los entrenadores del equipo de porristas.

Como consecuencia, la sacaron de clase y supuestamente le informaron que estaba suspendida un año del equipo de porristas por violar las reglas del equipo que requieren que los estudiantes “tengan respeto” por la escuela, los entrenadores y compañeros de equipo, eviten “lenguaje soez y gestos inapropiados” y se abstengan de compartir “información negativa sobre las porras, porristas o entrenadores... en Internet". Los entrenadores, así como el distrito escolar, también sostuvieron que ella violó una regla escolar de que los atletas deben comportarse durante la temporada "de tal manera que la imagen del Distrito Escolar de Mahanoy no se vea empañada de ninguna manera".

Sus padres, Lawrence y Betty Lou Levy, apelaron de inmediato al distrito escolar para que reconsiderara el castigo, pero fue en vano.

El 25 de septiembre de 2017, los padres de Brandi, apoyados por la American Civil Liberties Union (ACLU, Unión Estadounidense de Libertades Civiles) demandaron al distrito escolar en tribunales, alegando que se estaba violando la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, y obtuvieron una victoria.

El 2 de octubre de 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Pensilvania dictaminó que se violaron los derechos constitucionales de la Primera Enmienda de Brandi Levy, concedió su moción para una orden judicial preliminar contra la escuela y que el distrito escolar debería reintegrar a la adolescente al equipo de porristas. En resumen, el tribunal estuvo de acuerdo con el argumento de Levy de que la escuela no puede castigar a un estudiante por hablar fuera de la escuela que no cause una interrupción sustancial en las actividades escolares.

Las autoridades escolares apelaron la decisión y el 30 de junio de 2020, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito consideró que el tribunal de distrito se había equivocado y no tenía que haber entrado al fondo del asunto porque el distrito escolar no tenía un caso porque el discurso se produjo fuera de la escuela, y no se pronunció sobre la libertad de expresión de los estudiantes mientras estaban fuera del campus escolar.

El caso llegó a la Suprema Corte en enero de 2021 y en abril 28 las partes presentaron sus escritos y presentaron sus alegatos orales ante el tribunal vía telefónica.

Las autoridades escolares defienden su caso, citando un precedente de 1969 conocido como Tinker v. Des Moines Independent Community School District que permitía a estudiantes llevar brazaletes negros en oposición a la guerra de Vietnam, pero si esa expresión perturbara el funcionamiento de la escuela podía ser castigada.

Con base en esa decisión, el distrito escolar afirma que las escuelas "conservan la autoridad para regular las conductas que se producen fuera de los límites de su propiedad, pero que crean efectos sustanciales en el interior", señalando que los teléfonos móviles y la enseñanza a distancia durante la pandemia habían hecho que ese límite sea artificial.

La ACLU sostiene que las escuelas no pueden sancionar el discurso de sus estudiantes simplemente porque lo consideran disruptivo. Explicó que pueden hacerlo si el discurso es de acoso o intimidación, siempre que las definiciones utilizadas dejen en claro que, para que se considere acoso o intimidación, la conducta debe ser "severa o generalizada" e "interferir con el acceso a la educación".

El caso puede parecer trivial, pero afecta a algunas cuestiones clave en Estados Unidos como la libertad de expresión de la juventud y el combate al acoso en Internet.

Las escuelas temen que si solo pueden disciplinar a los estudiantes por un discurso "perturbador" cuando ocurre en el campus o en un entorno sancionado por la escuela, esto puede debilitar su capacidad de combatir la discriminación, el acoso y la intimidación. Quieren prevenir antes que lamentar.

La Suprema Corte debe definir qué debe considerarse como “discurso perturbador” que crea “efectos sustanciales al interior de la escuela” y si lo que escribió Levy alcanza esa definición.

Más información newyorker.com

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