Familiares de madre soltera que su suicidó tras retiro de prestaciones sociales inicia acción legal en contra del gobierno británico
Los familiares de una madre soltera con enfermedad mental que se suicidó por sobredosis en 2019 en Inglaterra, están pidiendo al gobierno ser compensados porque la decisión tomada de dejarla sin acceso a sus prestaciones sociales la llevó a tomar la decisión de terminar con su vida.
Se trata de los familiares de Philippa Day a quien el Departamento de Trabajo y Pensiones, DWP por sus siglas en inglés, y Capita, la empresa privada que evalúa el otorgamiento de prestaciones sociales, negaron los beneficios a los que tenía derecho.
En los últimos meses de vida Philippa recurrió la decisión administrativa y, aunque tuvo el apoyo emocional y financiero de su familia, el enfrentamiento con la burocracia fue un elemento “estresante” que la llevó a tomar la decisión de terminar con su vida.
“Era como mirar el choque de un auto en cámara lenta… la ayudamos emocional, financiera y prácticamente y podíamos ver la tragedia en frente de nosotros, pero no podíamos hacer nada más para detenerla”, explicó a los medios la hermana de Philippa, Imogen Day, quien asegura que el sistema de seguridad social hizo sentir a su hermana “inhumana” e impotente los últimos meses de su vida.
Esta conclusión no es exclusiva de la familia, pues la investigación conducida sobre su muerte llevó al juez a determinar que se encontraron 28 instancias donde “errores sistémicos” llevaron a los funcionarios a cometer faltas. En la decisión, el juez requirió formalmente el DWP a mejorar la forma en que los servidores se involucran con los reclamantes con enfermedades mentales para evitar muertes futuras.
El caso de Philippa Day no es, lamentablemente, exclusivo. Según la Oficina de Auditoria Nacional, NAO, documentación interna del DWP muestra que por lo menos 69 suicidios se relacionan con la gestión del reclamo de prestaciones sociales. La cifra, asegura la NAO, puede ser más alta.
De todos estos casos por lo menos otros dos se están presentando ante el sistema judicial. El primero se refiere a Errol Graham, un hombre de 57 años que murió de hambre en 2018 después de que sus prestaciones sociales fueron retiradas. En este caso se está apelando la decisión del tribunal de desechar la demanda que pide que se obligue a hacer reformas en el sistema de otorgamiento de estas prestaciones.
El segundo caso fue presentado por la familia de Jodey Whiting, de 42 años, quien se suicidó en 2017 después de que le retiran sus prestaciones sociales. La familia en este caso pedirá que se haga una segunda investigación sobre su muerte después de que se les concedió el permiso de efectuar una auditoría independiente en la que se encontraron también varias fallas por parte del DWP. En ninguno de estos casos está implicada la firma privada Capita como en el caso de Philippa Day.
En la petición de compensación, la familia Day asegura que en el manejo del caso el DWP y Capita fueron negligentes y con ellos violaron los derechos humanos de Philippa Day. Estas entidades tienen tres meses para responder y, en caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio, la familia ha declarado que llevará el caso a los tribunales.
Más información theguardian.com
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