Firma de documento

 

Se publica documento que obliga a funcionarios del Vaticano a firmar declaración que los desvincule de actos ilegales

Tras una serie de escándalos financieros que involucran al Vaticano y a integrantes de alta jerarquía de la iglesia católica, este 26 de abril se publicó el motu proprio del Papa Francisco que tiene el objetivo de atacar la corrupción y promover la transparencia en las actividades de los funcionarios administrativos del pequeño estado.

Se trata de una disposición que procura complementar el código expedido en mayo de 2020, también en forma motu proprio, sobre la contratación pública. “La corrupción, sin embargo, puede manifestarse de diferentes maneras y formas incluso en sectores distintos al de las contratas, y por ello las normas y mejores prácticas a nivel internacional prevén obligaciones particulares de transparencia para las personas que ocupan puestos clave en el sector público con el fin de prevenir y combatir, en todos los sectores, los conflictos de intereses, las prácticas clientelistas y la corrupción en general”, se lee en el documento.

Este nuevo documento se dirige a todos los empleados en niveles directivos de la Santa Sede y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control.

Cuando los funcionarios toman posesión del cargo quedan obligados a firmar una declaración en la que aseguren que no han recibido condenas firmes, que no están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores, tráfico o explotación de personas y evasión fiscal y que no se han beneficiado respecto de estos de indulto, amnistía, perdón y otras medidas similares o han sido absueltos por prescripción. Esta disposición aplica a investigaciones y procesos iniciados en cualquier parte del mundo.

Esta declaración, que debe ser ratificada cada dos años mientras se ocupe el cargo, incluye también una declaración de que el funcionario, por sí ni por terceros, no tiene dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo ni en paraísos fiscales, salvo que hayan establecido en esas jurisdicciones su domicilio por razones familiares, laborales o de estudios.

Además, deben declarar que no tienen participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia y que ninguno de sus bienes muebles e inmuebles, en propiedad o en posesión, ni las compensaciones de cualquier tipo que ha recibido proceden de actividades lícitas ni constituyen el producto o el beneficio de un delito, esto en la medida en que el funcionario tenga conocimiento de ello

Adicionalmente se incluye la prohibición, mediante un compromiso, de los funcionarios de no “aceptar o solicitar, para sí mismo o para personas distintas del Ente en que se presta servicio, por razón o con ocasión del propio cargo, dádivas, regalos u otros bienes cuyo valor sea superior a cuarenta euros.”

Finalmente, el documento establece que cuando “tenga motivos razonables, la Secretaría para la Economía… podrá efectuar controles sobre la veracidad de las declaraciones presentadas” y que “sin perjuicio de los casos de responsabilidad penal, la falta de declaración o la declaración falsa o no veraz constituye una falta disciplinaria grave… y da derecho a la Santa Sede a reclamar los daños sufridos eventualmente.”

El papa Francisco ha estado efectuando una serie de reformas administrativas a la Ciudad del Vaticano, una también de gran importancia fue la reforma al sistema de justicia publicada en febrero de este año.

Más información vatican.va

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