Dieta de Japón está revisando la iniciativa de reformar la Constitución para incluir el Estado de Emergencia
La Dieta japonesa ha empezado a discutir si en la reforma a la Constitución se incluye la facultad del ejecutivo de imponer un Estado de Emergencia para casos como la crisis de salud pública que se está presentado con el coronavirus reciente.
El Estado de Emergencia es una figura legal que sirve a los gobiernos para imponer medidas que limitan los derechos civiles de los habitantes, como la libertad de tránsito o de reunión, bajo ciertas circunstancias que no nada más se refieren a situaciones de salud pública. Durante esta pandemia ha sido empleada particularmente por los gobiernos que han decidido la imposición de medidas restrictivas estrictas como la mayoría de los países europeos y otros, como Chile, en donde en estos días las personas tienen que tramitar un permiso en línea para salir de sus casas a hacer compras de víveres o ir a citas médicas.
En Japón la figura no está regulada en la Constitución y durante esta crisis de salud pública las restricciones impuestas las han fundamentado en la Ley de Enfermedades Infecciosas que dispone que al presentarse una enfermedad infecciosa que podría tener un alto impacto en la economía o sociedad, el primer ministro puede declarar el Estado de Emergencia por un periodo de hasta dos años en regiones determinadas y reportar periódicamente al Parlamento. Al designar las regiones en donde aplica, se faculta a los gobernadores a establecer ciertas medidas.
Las medidas que se pueden imponer durante el Estado de Emergencia es solicitar a la población que no abandone sus hogares arbitrariamente y pedir otras medidas de cooperación como el uso de cubrebocas, por ejemplo. A las instituciones como escuelas, tiendas, cines, centros de espectáculos, clubes, etcétera, se les puede pedir también que limiten el ingreso de personas o que cierren temporalmente las instalaciones para tratar de prevenir los contagios.
Estas medidas son solicitudes que se hacen públicas y que no acarrean ninguna sanción más allá de una amonestación. Sin embargo, al hacerse públicas la población pude identificar a quienes incumplan lo que ayuda a ejercer presión social para asegurar el cumplimiento.
Al parecer este esquema parte del principio de que las personas son buenas por naturaleza y van a cooperar con las autoridades lo que en el caso de Japón parece haber demostrado ser cierto pues durante el periodo de vacaciones más importante del 2020 se registró un 80 por ciento menos de personas en relación con un año antes.
Otro tipo de medidas que las autoridades pueden imponer durante el Estado de Emergencia se refiere al uso de instalaciones para ubicar hospitales o centros de atención a pacientes, en cuyo caso si el propietario se niega a autorizar el uso sin una razón válida, el gobierno puede hacer uso de la propiedad por un tiempo determinado.
También pueden pedir al propietario de productos como medicamentos o alimentos u otros necesarios para enfrentar la crisis, que los venda. Si el propietario se niega, el gobierno podrá requisarlos y en este caso el acaparamiento puede llevar incluso a sanciones penales. Si el gobierno considera necesario asegurar el abastecimiento de algún producto, puede ordenar a la persona encargada de la venta distribución, almacenaje o transporte, que se lo entregue.
La propuesta de regular en la Constitución el Estado de Emergencia como una facultad del ejecutivo fue propuesta desde el año pasado por el entonces primer ministro Shinzo Abe y entonces, como ahora, la reforma a la Constitución generó división en la Dieta. Ya veremos si esta vez prevalece el partido en el gobierno y sus aliados y la reforma es aprobada.
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