Sala judicial

 

Comisión investigadora propone en Escocia reformas al poder judicial para conocer de delitos sexuales

El uso de la violencia sexual para someter a las personas, especialmente mujeres, no solo es usada como arma masiva en conflictos sociales y políticos en países como el Congo, El Salvador o Honduras. La rápida divulgación de información que ha permitido el surgimiento de movimientos como #MeToo nos deja ver que la violencia sexual está siendo usada cada vez con mayor frecuencia (y brutalidad) en todas las sociedades aun en tiempos de paz.

Frente a esta realidad, son varios los países que han ordenado investigaciones e iniciado proyectos de reformas legales y judiciales para tratar de manera más conveniente a las víctimas de estos delitos, a los perpetradores y a los testigos.

En Escocia, la semana pasada se entregaron las conclusiones de la comisión formada para idear el sistema judicial óptimo para tratar con estos delitos sexuales. La investigación estuvo a cargo de la magistrada secretaria del poder judicial, Lady Dorrian, y participaron organizaciones como Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, Victim Support Scotland y entidades de gobierno como la Oficina de la Corona.

Sandy Brindley, directora ejecutiva de Rape Crisis Scotland manifestó que muchas víctimas reportan que lidiar con el sistema judicial cuando han denunciado el delito es casi tan traumatizante como la violación lo que pone de manifiesto la importancia de la investigación.

En el reporte entregado la semana pasada, se propone el establecimiento de tribunales especiales en los que se resuelvan los procedimientos de delitos sexuales y los que podrían funcionar sin jurado o bien, con un jurado al que se den “instrucciones en lenguaje llano”, con un programa piloto para saber cómo instruir a los miembros de un jurado sobre los mitos y estereotipos de la violación.

Se recomienda que en estos tribunales los casos estén presididos por una combinación de magistrados del Tribunal Superior y alguaciles que hayan recibido capacitación sobre el tratamiento de eventos traumáticos para escuchar debidamente la evidencia presentada por los testigos vulnerables. Misma capacitación se propone para la fiscalía y abogados de la defensa, incluidos para estos últimos la acreditación de cursos en tratamiento de testigos vulnerables y técnicas de interrogación.

Se propone que se conceda la facultad a estos tribunales de imponer sentencias de hasta 10 años de prisión, con la posibilidad de remitir el caso al Tribunal Superior cuando se necesiten condenas más largas.

Previo al proceso se propone que las denuncias sean recibidas y grabadas por policías con entrenamiento especial en materia de delitos sexuales.

Propuestas de reforma al sistema judicial para tratar con estos delitos han sido presentadas e implementadas en otros países. Por ejemplo, en 2019 la Suprema Corte de la India ordenó el establecimiento de tribunales especiales en los distritos en los que existan más de 100 procesos penales pendientes de resolución respecto de abuso y agresión sexual a menores.

En materia de conflictos, el 19 de junio del 2020, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, se presentó un nuevo código de conducta en la investigación de la violencia sexual durante los conflictos, impulsado por la organización de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2018, Nadia Murad.

Se trata de una guía que pretende apoyar mejores prácticas en la investigación de los delitos sexuales durante los conflictos, con el objetivo clave de “respetar y apoyar los derechos de los sobrevivientes y garantizar que el trabajo con los sobrevivientes para investigar, documentar y registrar sus experiencias sea más seguro, más ético y más efectivo en la defensa de sus derechos humanos”, según se lee en el sitio muradcode.com

En septiembre del 2020 en Liberia se declaró una Emergencia Nacional por las violaciones cometidas como parte de la violencia sexual basada en género con la implementación de medidas iniciales que incluyen el nombramiento de un fiscal especial para atender las denuncias sobre este tipo de delitos sexuales, además del establecimiento del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Asimismo se instruyó la creación de un organismo especial de trabajo de seguridad nacional respecto de la violencia sexual basada en género que contará con un presupuesto inicial de 2 millones de dólares para financiar y reforzar las acciones de lucha en contra de las violaciones y los demás delitos sexuales basados en género.

Las propuestas presentadas en Escocia, serán revisadas por el presidente del poder judicial, Lord Carloway, y después por el nuevo gobierno que se formará después de las elecciones de mayo. Es deseable que esta investigación no quede solo en un reporte y que por lo menos algunas de las propuestas se pongan en marcha.

Más información bbc.com

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