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Tribunal Superior de Kenia niega moción para permitir la mutilación genital femenina a mujeres adultas

Esta semana el Tribunal Superior de Kenia rechazó la petición presentada por una médica para que se permita la ablación genital femenina -conocida como mutilación genital femenina, MGF, por los daños que provoca- cuando la mujer adulta consienta en el procedimiento.

La Mutilación Genital Femenina, una práctica cuyas consecuencias afectan a unas 200 millones de mujeres y niñas, comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Se trata de procedimientos que pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios, y más tarde pueden causar quistes, infecciones, infertilidad, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

Por tratarse de una práctica que viola los derechos de mujeres y niñas, varios países en donde es una práctica ancestral la han prohibido y la ONU ha establecido el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

En 2011 se aprobó en Kenia la Ley de Mutilación Genital Femenina que prohíbe totalmente esta práctica, sancionando con hasta tres años de cárcel y multas de hasta 1,800 dólares a quienes sean encontrados culpables de practicarla.

Pese a la existencia de la ley y a la promesa del presidente Uhuru Kenyatta de terminar con esta práctica para 2022, la MGF se sigue realizando particularmente en zonas remotas y de difícil acceso.

El caso que ha sido resuelto en el Tribunal Superior fue presentado por la doctora Tatu Kamau quien sostuvo ante el panel de tres jueces que la palabra mutilación representa mal lo que ella llamó la circuncisión femenina, una práctica tradicional que encuentra fundamento religioso en muchas comunidades que lo practican en mujeres jóvenes de entre 19 y 25 años para prepararlas para el matrimonio.

En su petición declaró que, muchas mujeres mayores de edad quieren someterse a la práctica y que de permitir que fuera realizada en mujeres adultas que consintieran al acto, lograría que fuera realizada por personal médico calificado o por personal entrenado y autorizado para efectuar la llamada circuncisión. En apoyo a su petición se presentaron asociaciones como la representante de la comunidad kalenjin.

La oposición a esta petición fue presentada por el fiscal general de Kenia y el Consejo Anti MGF, que presentaron el testimonio de dos sobrevivientes de la práctica, una que ha escapado a ella, pero que dice que sigue siendo considerada una niña en su comunidad, y otra que fue mutilada y que narró los efectos adversos que ha tenido en su salud.

“No estamos convencidos de que uno pueda elegir someterse a una práctica dañina. Desde la evidencia médica y anecdótica presentada por los respondientes, concluimos que limitar este derecho es razonable en una sociedad abierta y democrática con base en la dignidad de las mujeres”, señalaron en la decisión los jueces Lydia Achode, Kanyi Kimono y Margaret Muigai.

Conocido el fallo, la doctora Kamau anunció que planea presentar una apelación. “Para mí, en lo general, estoy decepcionada. Siento que los derechos de las mujeres han quedado subsumidos en los de una niña.”

Frente a esta reacción, el abogado Ken Mbaabu, miembro del consejo de la Fundación Samburu Girls, dijo: “Hoy es un gran día para las mujeres que viven en estas comunidades que practican la mutilación genital femenina.” Explicó que se trata de una práctica que da origen a otra que es la del matrimonio infantil ya que por lo general en estas comunidades se considera que una niña es adulta cuando tiene su primer ciclo menstrual, alrededor de los doce años, por lo que ya está en edad de casarse y de ser mutilada si se hubiera aprobado la petición.

Además de los países en África y Asia donde tradicionalmente se realiza esta práctica, países europeos también la han prohibido, aunque por regla general han sido muy tardos para procesar a los responsables. Un ejemplo es el Reino Unido, país en el que pese a que la práctica llevaba prohibida 30 años, en 2016 ninguna persona había sido procesada por este delito. Esta inacción del gobierno fue calificada de “escandalosa” por una comisión parlamentaria.

En Estados Unidos la situación es más complicada pues en 2018 un juez federal en Michigan concluyó que la ley federal que prohíbe la MGF es inconstitucional por lo que los cargos que habían sido presentados en contra de médicos que la practicaron y madres que llevaron a sus hijas, se desecharon.

Más información aljazeera.com /kelinkenya.org

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