Supremo Tribunal Federal

 

Ministro del Tribunal Supremo de Brasil pide investigar anuncios en Facebook de venta de tierras protegidas en el Amazonas

En el marco del proceso iniciado el año pasado en Brasil en el que se denuncia un "genocidio de los pueblos originarios debido a la omisión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro”, el ministro relator del Supremo Tribunal Federal de ese país, Luis Roberto Barroso, amplió el espectro del asunto para incluir los anuncios de personas que en Facebook venden tierras indígenas o protegidas en el Amazonas.

La BBC publicó un reportaje en el que hizo notar que en la sección de anuncios de Facebook se venden terrenos en reservas ecológicas o zonas indígenas del Amazonas, algunos del tamaño de hasta 1,000 campos de fútbol.

El investigador de la empresa de comunicaciones británica llegó a entrevistarse con cuatro “vendedores” que reconocieron que no podían demostrar la propiedad legal de los terrenos, pero que prometieron entregar terrenos “limpios”, aptos para la ganadería y agricultura.

Frente a este hallazgo, el ministro Luis Roberto Barroso pidió al fiscal General y a la Ministerio de Justicia que investiguen estos anuncios y se finquen las responsabilidades civiles y penales que correspondan y pidió que se prestara especial atención a la comunidad Uru Eu Wau Wau cuyas tierras han sido anunciadas a la venta en más de 16,000 libras esterlinas.

Sobre esta comunidad, en una demanda presentada la semana pasada en Francia en contra de Casino, una cadena de supermercados, por la deforestación y violación a los derechos humanos, se presenta evidencia de que las tierras que posee y administra el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau en Rondônia fueron invadidas por ranchos ganaderos que abastecían de carne a Pão de Açúcar, la tienda minorista de alimentos más grande de Brasil, empresa de Casino.

La decisión del ministro Barroso se toma dentro de la demanda presentada por la organización Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en conjunto con seis partidos políticos, entre los que destaca el Partido de los Trabajadores (PT), pidiendo el establecimiento de medidas para detener el “genocidio de los pueblos originarios debido a la omisión del gobierno”. Entre estas medidas se pidió la protección de los indígenas frente al contagio de COVID-19 y la expulsión inmediata de los invasores de tierras indígenas.

En agosto, los once magistrados del Tribunal Supremo Federal ratificaron medidas cautelares para que el gobierno federal adoptara medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus entre las poblaciones indígenas, pero no concedio el pedido de expulsión inmediata de los ocupantes ilegales por considerar que el ingreso de policías y militares a las tierras indígenas, con un largo historial de invasiones y conflicto, podría desatar enfrentamientos violentos y aumentar los riesgos de contagio.

Al exponer sus argumentos, el ministro relator explicó que considera imperativa la salida de los invasores, pero hizo notar que es imposible resolver mediante una medida cautelar un problema antiguo. "Hace falta un plan y el Estado debe organizarse para encarar el tema".

Añadió que considera "inaceptable la inacción del gobierno (...), aún más a causa del grave riesgo que representa la práctica de crímenes ambientales. El mundo nos mira horrorizado y no por casualidad. Es porque [la deforestación ilegal] tiene consecuencias para el ciclo del agua, para la biodiversidad, para el cambio climático", afirmó.

La existencia de los anuncios en Facebook que venden tierras ilegales captó también la atención del senador Jaques Wagner, presidente de la comisión en esa cámara legislativa de asuntos del medioambiente, y dijo que varios legisladores exigirán a Facebook que revise esas publicaciones que calificó de “criminales” para que la práctica sea detenida.

Facebook, sin embargo, ya anunció que cooperará con las autoridades en la investigación, pero que no tomará acción independiente para combatir este comercio ilícito de tierras, señalando que deducir cuáles ventas son legales y cuáles ilegales es una tarea muy compleja. Esta explicación ha sido desechada por legisladores para quienes la venta de narcóticos y la de tierras despojadas con violencia no puede ser tan diferente.

Por su parte, Ricardo Salles, ministro del Medioambiente respondió a la BBC sobre este tema que “el gobierno del presidente Jair Bolsonaro siempre ha dejado claro que hay una tolerancia cero del gobierno a los delitos, incluidos los medioambientales”. Ojalá sea cierto y se tomen medidas efectivas para detener la continua deforestación del Amazonas, importante pulmón del mundo y que por regular de forma importante el clima del planeta es un asunto de todos.

Más información bbc.com

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total concediendo crédito y vinculando a miabogadoenlinea.net