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En un tribunal federal, Smith & Wesson combate investigación de Nueva Jersey para proteger a consumidores

Paralelo a la queja de organizaciones que abogan por el control de armas presentaron por publicidad engañosa en contra de Smith & Wesson, el gobierno del estado de Nueva Jersey inició una investigación a esta misma empresa fabricante de armas también por publicidad engañosa que pretende conocer documentos privados que podrían develar la verdadera opinión de esta industria sobre la violencia que Estados Unidos vive.

La investigación se presenta respecto de un anuncio para televisión de la fabricante de armas Smith & Wesson porque al mostrar la portación de una pistola por una mujer implica la comisión de actos ilegales si ella no cuenta con el permiso debido, lo que el anuncio no muestra.

En octubre de 2020 el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, citó a declarar a la empresa de armas como parte de la investigación iniciada por la división de asuntos del consumidor por fraude publicitario, pidiendo acceso a documentos internos. Pese a que las fabricantes de armas gozan de protecciones especiales, ninguna industria tiene protección en casos que se hacen respecto de publicidad.

Para no mostrar esta información, en diciembre Smith & Wesson presentó en un tribunal federal una demanda en contra del estado de Nueva Jersey para evitar el cumplimiento del citatorio. La empresa expone en el tribunal que su publicidad está protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sobre el derecho de portación de armas, y por la Ley de Protección del Comercio Legítimo de Armas, una ley federal decretada en 2005 que tiene el objetivo de evitar que demandas frívolas se presenten en contra de esta poderosa industria.

La empresa asegura que el caso no se trata de publicidad ni de protección a los consumidores, sino que es el intento de adelantar una agenda para un control más estricto de las armas, que “suprima” la libertad de expresión y limite los derechos ciudadanos conferidos en la Segunda Enmienda.

Esta demanda fue respondida por el fiscal Grewal con una moción para desechar la demanda, en la que señalan que esa acción legal es el intento de la empresa “de convertir una investigación estatal de fraude al consumidor en un caso constitucional federal". Señala que la división de asuntos del consumidor del estado “como agencias estatales similares en todo el país”, “regularmente inicia investigaciones y acciones de ejecución para proteger a los consumidores de prácticas ilegales que involucran un espectro de bienes y servicios.”

En la moción se expone que la demanda no está bien fundamentada porque la citada ley federal de comercio legítimo de armas excluye “una acción en la que el fabricante o vendedor de un producto calificado, a sabiendas viole la ley estatal o federal aplicable a la venta o mercadeo del producto y la violación sea la causa próxima del daño del que se busca la satisfacción”.

Para el columnista Andrew Ross Sorkin, sin embargo, la demanda no se trata de protección al consumidor y en realidad es un Caballo de Troya que intenta entrar a las entrañas de la industria de armas para que se conozca en documentación que incluye correos electrónicos la opinión de esta industria respecto de la venta de armas y la violencia que se ha generado en el país, de manera similar a como se expuso a la industria del tabaco cuando se dieron a conocer comunicados internos de que los altos ejecutivos conocían de los efectos nocivos de sus productos en la salud de las personas.

Se trata de una demanda que hay que seguir porque podría jalar el hilo de la madeja que quienes impulsan leyes más estrictas de control de armas en los Estados Unidos han estado buscando desde hace años.

O podría terminar en nada, como las anteriores acciones legales que se han perseguido en contra de las empresas o de la Asociación Nacional del Rifle, una de ellas la de papás de niños asesinados en la escuela Sandy Hook en Newton, Connecticut, en contra de la fabricante del rifle Bushmaster AR-15, en la que la empresa se declaró en bancarrota lo que ha retrasado el proceso.

Más información nytimes.com

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