Imagen del virus del COVID-19

 

La semana pasada en The Conversation Weekly se abordó el tema de las vacunas contra COVID-19 y los obstáculos que existen para su lanzamiento a nivel global

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En el programa de la semana pasada se detalla que antes de que las vacunas fueran aprobadas, varios países diferentes gastaron miles de millones de dólares para pre-ordenar lotes de las diferentes vacunas. Al menos durante mayo, junio y julio, Estados Unidos y el Reino Unido, primero, y después se les uniría Japón, aseguraron la entrega de más de 900 millones de vacunas.

Además, según el Duke Global Health Innovation Center, para principios de febrero de 2021, los países de altos ingresos del mundo habían reservado ya 4,200 millones de dosis de vacunas, en comparación con un total de 670 millones ordenadas por países de bajos ingresos. México ha asegurado la entrega de 143,800,000 vacunas, con lo que será posible vacunar al 56% de la población.

Pero a pesar de que las farmacéuticas son grandes industrias globalizadas, con instalaciones en distintas partes del mundo, hemos visto que la fabricación de las mismas se concentra en unos cuantos países.

El Profesor de la Cátedra Distinguida de Investigación, Globalización y Equidad en Salud, L'Université d'Ottawa/Universidad de Ottawa, Ronald Labonte, explica a The Conversation que la capacidad mundial anual de fabricación de vacunas oscila entre seis mil quinientos millones y ocho mil quinientos millones de dosis al año, aunque la UNICEF, estima que en 2021, el volumen de esa producción podría llegar a 19 mil millones.

Mientras tanto, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, las tres principales vacunas en este momento, tienen una capacidad en los países donde están fabricando sus vacunas de solo 3.2 mil millones.

La mitad del potencial mundial de fabricación de vacunas se encuentra en los países en desarrollo: Argentina, Bangladesh, China, India, Brasil, Egipto, Cuba, Indonesia, Irán, México, Taiwán, Tailandia, Sudáfrica.

Desde mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 de la OMS (COVID Technology Access Pool o CTAP), en asociación con el Gobierno de Costa Rica y 40 Estados Miembros copatrocinadores del Llamado a la Acción de Solidaridad, para que la comunidad mundial compartiera voluntariamente el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos necesarios para combatir el COVID-19.

El objetivo de CTAP es proporcionar un medio para acelerar el desarrollo de los productos necesarios para combatir el COVID-19, así como para acelerar la ampliación de la fabricación, la eliminación de las barreras de acceso para que los productos estén disponibles a nivel mundial y evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos que surgen de la ausencia de intercambio de información, conocimiento, datos y otros recursos.

Pero el Profesor Labonte señala que desde su lanzamiento, ni una sola empresa propietaria de una patente para vacunas contra COVID-19 se ha unido a CTAP. La Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) dijo que aunque compartía algunos de los objetivos, estaba en desacuerdo con ciertas premisas porque “dan a entender que los derechos de propiedad intelectual que no se liberan o son licenciados globalmente son potenciales barreras a la investigación y el desarrollo, las colaboraciones público-privadas o el acceso a productos para el COVID-19”.

Las patentes son derechos exclusivos que un Estado le concede a un individuo o compañía para que nadie más pueda explotar comercialmente el producto o invento que ha desarrollado, por un tiempo determinado: hasta 20 años. Esto se ha convertido en estos momentos en una barrera.

Por eso la discusión fue llevada por Sudáfrica y la India, apoyados por más de 100 países y la OMS, ante a un organismo fundamental que es el que puede cambiar las reglas del juego: la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMC regula el comercio entre los países, fue creada en 1994 con una especie de acuerdo marco que incluye en forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales, los acuerdos plurilaterales y la propiedad intelectual

El Anexo 1C es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). En él se establece una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial. En estás se incluye la protección hasta por 20 años de las patentes.

Ante la  globalización comercial, y miedo a la competencia en los países emergentes, las empresas de los países ricos insistieron en reglas duras que les aseguraran protección, a través de patentes, secretos industriales y otras figuras legales para proteger sus derechos de propiedad intelectual, por encima, en algunas casos, del derecho a la salud.

No obstante, hay un grupo de 35 estados menos desarrollados que todavía están exentos de estas obligaciones y tienen algunas flexibilidades como la “licencia obligatoria” en la que un Estado puede pedirle al titular de una patente que por razones de emergencia o interés público, autorice a un tercero a que produzca su medicamento o vacuna, aunque no muchos países tienen la capacidad, el poder o la experiencia para hacerlo.

Esos países incluyen a aquellos que potencialmente puedne fabricar vacunas, por eso es que los laboratorios han decidido concentrar la producción en aquellos lugares donde tienen una mayor protección para su patente.

La propuesta impulsada por la India y Sudáfrica es suspender las normas sobre patentes de manera general por un periodo de tiempo limitado y solo para los productos utilizados para el COVID-19. En la propuesta presentaron un listado de casos y ejemplos, además de las mascarillas N-95, en donde se especificaba cómo la propiedad intelectual está siendo una barrera para acceder a medicamentos y vacunas necesarias que puedan hacer frente a la pandemia. Argumentan que solo la suspensión facilitaría que todos los que tienen la capacidad industrial de fabricar productos de salud necesarios puedan hacerlo, tanto para consumo en sus países como para exportarlos a otros, sin pasar por procedimientos muy engorrosos para conseguir las exenciones, ni ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual o por intentar cambiarlas ante la OMC.

La propuesta facilitaría intercambiar conocimientos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas. Un ejemplo de ésto son los antirretrovirales para el VIH / SIDA. Tan pronto como se abrió la propiedad intelectual, el precio bajó.

La industria farmacéutica, en general, argumenta que necesita proteger los derechos de propiedad intelectual, que las patentes y los secretos industriales son los que les han permitido desarrollar el conocimiento necesario para medicamentos y vacunas. Afirman que invierten cantidades enormes de dinero y que si estos inventos se vuelven propiedad de todos, no tienen cómo recuperar las grandes sumas de dinero que cuesta su desarrollo.

El profesor Labonte explica a The Conversation que Australia, Brasil, Canadá, la UE, Japón, Noruega, Suiza, el Reino Unido y los EE. UU., se oponen, o si no se oponen, dicen, que no pueden apoyarlo en este momento porque no hay evidencia real de que sea necesario. Todos ellos ya han firmado acuerdos de compra anticipada de vacunas.

Argumentan que las flexibilidades existentes de los ADPIC para las licencias obligatorias o la importación paralela son suficientes y que las empresas que poseen patentes pueden otorgar licencias voluntarias a otros fabricantes para producir sus productos a precios negociados.

Esas flexibilidades teóricamente, podrían permitir que los países fabriquen sus propias vacunas sin tener que tratar con las compañías farmacéuticas. Pero Labonte dice que lograr la aprobación de estas flexibilidades es casi imposible.

Labonte destaca que “la  única razón por la que las vacunas se hicieron tan rápido no fue por la maravillosa inventiva y el uso de los derechos de propiedad intelectual que los fabricantes de vacunas pudieron implementar. Fue debido a miles de millones de dólares de dinero en apoyo público. Y miles de millones y miles de millones de dólares más en acuerdos de compra anticipada por parte de los gobiernos que, en cierto modo, dieron la garantía de ganar una tonelada de dinero en algún momento y recuperar todos esos costos.”

Mosoka Fallah, conferencista en Global Health & Social Medicine, Harvard Medical School, y la School of Public Health, College of Health Sciences, Universidad de Liberia destaca a The Conversation que los países ricos, después de que vacunen al 50% o 60%, podrían compartir con otros, no sólo desde un punto de vista protector, sino hasta desde un punto de vista egoísta “Si no nos protegen (a los países pobres), están en riesgo porque se está produciendo una mutación. No estamos diciendo que den el 100%, ¿puede dar el 10%? Pero para su propia supervivencia, intente compartir algo de esa vacuna”.

El tema será discutido el 1 y 2 de marzo en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio por 164 países. Lo ideal es que la decisión se tome por consenso, pero si no se llega a un acuerdo, hay una votación en la que se necesita una mayoría de tres cuartos para la aprobación.

México, junto con Chile, Canadá y Australia, solicitaron a los proponentes más información sobre la iniciativa.

Más información theconversation.com, saludconlupa.com y expansion.mx

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