Ciudad del Vaticano

 

Mediante carta apostólica el papa Francisco da a conocer reformas en materia penal y de procedimientos penales

Este marte fue publicado en el Boletín de la Santa Sede la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del papa Francisco que contiene cambios en materia de justicia que reforman el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la ley del sistema judicial del Estado Vaticano.

Se trata de reformas que, como se menciona en el preámbulo del documento obedecen a un “proceso de actualización continua dictada por las sensibilidades cambiantes de los tiempos” derivado de necesidades que han surgido, “incluso recientemente”, como las recientes investigaciones en materia financiera y la reforma que centraliza la gestión de las inversiones, fondos y propiedades en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

La reforma judicial implica la reducción de sentencias, la posibilidad de programas de servicio comunitario y trabajo voluntario, la suspensión de procesos en los casos en que legítimamente el acusado no pueda presentarse, y aspecto administrativos respecto de los “promotores de justicia” y magistrados ordinarios.

El primer artículo de la Carta reforma el Código Penal y establece una reducción de condena de entre 45 y 120 días por cada año de condena cumplida a quien “durante el cumplimiento de la pena se haya comportado de tal manera que implique su arrepentimiento y haya participado de manera rentable en el programa de tratamiento y reintegración, y a los efectos de su más eficaz reinserción social”.

Este programa de tratamiento y reinserción social es acordado entre el reo y el juez al momento del inicio de la ejecución de la sentencia, en el que el reo establece los compromisos específicos que asume que no nada más implican una indemnización, por ejemplo, sino también la propuesta de realizar actividades voluntarias de trascendencia social, obras de utilidad pública o “conductas encaminadas a promover, en lo posible, la mediación con el ofendido.”

Por lo que respecta a reformas al Código de Procedimientos Penales, se establece que si por “impedimento legítimo y grave, o si por enfermedad mental no puede hacer su propia defensa” el acusado, el processo in contumacia o proceso en ausencia se debe suspender, concediendo al ofendido que continúe el proceso por la vía civil, sin necesidad de esperar la vía penal.

Si no se exponen estas causas legítimas para no estar presente, las audiencias se conducen conforme con el procedimiento, quedando representado el acusado por su defensor.

Por lo que se refiere a las reformas a la ley no. CCCLI sobre el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano se dispone que los magistrados ordinarios, al cese, “conservan todos los derechos, asistencia, seguridad social y garantías que brinda a los ciudadanos”.

Las siguientes reformas se refieren al nombramiento del promotor de la justicia en las diferentes instancias, modificando los artículos 12, 15 y 20 de la mencionada ley publicada el 16 de marzo del 2020. El promotor de justicia es quien ejerce las funciones de fiscal junto con dos magistrados ordinarios y dispone funcionalmente de la sección de policía judicial del Cuerpo de Gendarmería.

La reforma establece que en las instancias judiciales ejercerá como fiscal el magistrado ordinario nombrado por el promotor de justicia directamente y no por el papa como se establecía anteriormente.

Estos cambios pretenden acelerar los procedimientos penales porque la persecución depende ya de la misma oficina en todas las instancias judiciales.

Cuando se dice que es una carta apostólica de motu proprio significa que es un documento emitido por iniciativa del papa y firmado personalmente por él.

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