Captura de pantalla de Prenda Law

 

Se confirma sentencia a abogado que creó esquema para perseguir personas por descargar pornografía

La Corte de Apelaciones del 8º Distrito de los Estados Unidos, con asiento en San Luis, Misuri, confirmó la sentencia que condena a un abogado a pagar 1.5 millones de dólares a las víctimas del esquema creado por él para demandar por descargar videos pornográficos.

Se trata del abogado Paul Hansmeier, quien en complicidad con el abogado John L. Steele, entre 2011 y 2014 amenazaron a varias personas con posibles demandas por haber descargado ilegalmente de diversos sitios piratas películas de pornografía. Si bien al principio empezaron representando empresas poseedoras de los derechos, después crearon diferentes personas jurídicas que se hicieron con la titularidad de los derechos e incluso filmaron algunas de estas películas. Estas películas eran subidas por los mismos abogados a diferentes sitios piratas para tentar a las personas a descargarlas ilegalmente.

Hansmeier y Steele, a través de diferentes despachos legales falsos que crearon, uno de ellos llamado Prenda Law, empezaron a presentar demandas falsas por infracción de derechos de autor en las que ocultaron su papel en la distribución de las películas y su participación personal en el resultado del litigio. Después de presentar las demandas, los abogados obtenían la autorización de los tribunales para citar a los proveedores de servicios de Internet (ISP) para obtener información de identificación del suscriptor que controlaba la dirección IP utilizada para descargar la película. Con esa información, los acusados utilizaron tácticas intimidatorias como cartas y llamadas telefónicas para amenazar a las víctimas con elevadas multas, además de vergüenza pública, y les ofrecían zanjar el asunto pagando 3,000 dólares.

Después de haberse declarado culpable de los cargos en 2018, en junio de 2019 Hansmeier fue sentenciado a 14 años de prisión por 18 cargos por delitos como conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero. Steele se declaró culpable en 2017 y por cooperar con la autoridades recibió una sentencia de cinco años de prisión.

Paul Hansmeier apeló la sentencia manifestando que la corte de distrito se equivocó al rechazar su moción para que el caso fuera desechado y que el cálculo de la cantidad a indemnizar estaba equivocado porque no se tomó en cuenta de que algunos pagos de personas que descargaron pornografía se debían a “legítimas” descargas ilegales.

La Corte de Apelaciones rechazó las dos peticiones, confirmando, respecto de la primera, que la decisión de no aceptar la moción para desechar los cargos fue correcta ya que “los hechos en la acusación, aceptados como verdaderos, describen un esquema fraudulento prohibido por la ley federal,” haciendo irrelevante cualquier defensa del acusado sobre las razones de su actuación.

Respecto de la cantidad a indemnizar, la Corte encontró que Hansmeir aceptó haber recibido 3 millones de dólares como pago y con fundamento en la ley de restitución a víctimas, Mandatory Victims Restitution Act, la restauración "debe basarse en la cantidad de pérdida realmente causada por el delito del acusado" y el gobierno tiene la carga de “probar que la restitución otorgada no excede la pérdida real y demostrable causada por el delito". Confirmando que el cálculo fue adecuado, se confirma la obligación de pagar 1.5 millones de dólares a las víctimas del esquema fraudulento.

De más está decir que Paul Hansmeier quedó inhabilitado para ejercer como abogado y seguir representando clientes.

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