Visón enjaulado

 

Por orden de matar millones de visones, más de 50,000 ciudadanos piden juicio político a Mette Frederiksen

La orden de la matanza de 17 millones de visiones de noviembre del 2020 por el gobierno danés, sigue siendo un dolor de cabeza para la primera ministra Mette Frederiksen pues se han alcanzado 50,000 firmas que piden que se abra proceso especial en el parlamento para decidir si se presenta el caso ante un juez.

La orden de la matanza de los millones de animales que estaban en cautiverio en las granjas de producción de pieles se emitió el 4 de noviembre como una medida de emergencia por el contagio de COVID-19 de estos animales a humanos. Se trata de una orden ejecutiva que, independientemente de lo controvertido por su precipitación, fue ilegal por no existir una ley o disposición que facultara al ejecutivo para ordenar la matanza y llevar al cierre forzoso a las granjas productoras de piel de visón que representa[ba]n una de las industrias más lucrativas de Dinamarca.

Como lo explicó en noviembre a El País el profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague, Mikael Rask Madsen, la urgencia que tenía el gobierno no lo legitimaba para actuar de forma ilegal. “No es una cuestión de legitimidad, sino de legalidad. La única forma en que el gobierno podría haber justificado en un sentido legal sus acciones fue considerándola una medida de emergencia bajo la ley constitucional. Sin embargo, nunca reclamaron esta base para su acción y en su lugar actuaron como si tuvieran una base legal (...). Actuaron al margen de la ley y la legalidad”.

Inicialmente, el costo político de esta decisión lo pagó el ministro de Agricultura, Mogens Jensen, quien se vio obligado a renunciar. Pero los daneses no se han quedado aquí y han logrado reunir 50,000 firmas pidiendo juicio político para la primera ministra para que responda por esta orden y las demás medidas que ha impuesto para enfrentar los riesgos de contagio de COVID-19.

De acuerdo con la ley danesa, si una solicitud ciudadana obtiene 50,000 firmas, obligatoriamente debe ser revisada en el Parlamento. Así que presentada la solicitud, ahora el Parlamento deberá decidir si remiten a la primera ministra a la Suprema Corte para que responda por la ilegal orden ejecutiva.

La iniciativa de hacer responsable a la mandataria ante el poder judicial partió, por supuesto, de la industria de visones y sobre ella declaró a una televisora local Jesper Thygesen, uno de los criadores impulsores quien dijo que todos deben responsabilizarse de sus actos.

Analistas sostienen que es poco probable que el Parlamento vote por llevar a la primera ministra ante un juez pues los partidos de izquierda están unidos en respaldo a Frederiksen. Sin embargo, si el proceso judicial no llega por la iniciativa ciudadana podría llegar de otra fuente pues en diciembre el mismo Parlamento creo una comisión para investigar lo que se conoce como minkgate y, en su caso, tener elementos para fincar responsabilidades. Dependiendo de los resultados de esta investigación, más tarde que pronto la primera ministra podría enfrentar un proceso por responsabilidades. Aunque, como se dice que decía Porfirio Díaz, si quieres que algo no se haga, crea una comisión. Las conclusiones podrían tardar mucho tiempo en llegar, cuando el asunto haya dejado de tener tanta efervescencia.

La amenaza de contagio de los visones a humanos, fue abordado diferente en Países Bajos, también importante productor de codiciadas pieles de este animalito, pues el parlamento adelantó el cierre de los criaderos, previsto desde 2013.

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