Billetes de euros

 

Condenan en Irlanda a compensar a empleada por la negativa del patrón de realizar trabajo a distancia

El organismo laboral de la República de Irlanda, Workplace Relations Commission, condenó a un patrón a pagar a una extrabajadora 3,712 euros como compensación por su renuncia forzada por no haberle permitido realizar el trabajo vía remota, en lo que se conoce como teletrabajo.

El caso se refiere a una mujer que trabajaba para una empresa proveedora de servicios de gestión de instalaciones en una universidad donde hay 3,200 habitaciones para estudiantes.

En abril del 2020, vía correo electrónico, la entonces empleada solicitó se le permitiera realizar su trabajo vía remota porque no podía evitar el contacto con sus tres colegas en la oficina ni protegerse debidamente de un posible contagio del nuevo coronavirus. “En el caso de que uno de nosotros se enferme estaré poniendo en riesgo a mi esposo que es un paciente asmático”, escribió la empleada.

El 4 de mayo, la empresa le negó la petición vía correo electrónico: “Antes de COVID-19, no se indicó que los roles se pudieran realizar de forma remota, y la misma situación ocurre en una situación posterior a COVID.

“Cada persona puede ausentarse del trabajo y comprobar si tiene derecho a una prestación estatal. El puesto se mantendrá en revisión, pero en la actualidad la posición del patrón es que las tres funciones no son adecuadas para el trabajo a distancia".

El patrón insistió en que ya había tomado todas las precauciones para evitar contagios, entregando equipo de protección especial, cambiando la disposición del mobiliario, instalando protecciones y colocando cintas de advertencia y escritorios móviles. Los empleados, sin embargo, presentaron propuestas para trabajo remoto, pero estas propuestas volvieron a ser negadas por lo que la empleada en cuestión renunció y llevó su caso ante la autoridad laboral.

El caso fue presentado ante el magistrado de adjudicación Kevin Baneham quien concluyó que la exigencia del patrón de que su empleada acudiera a la oficina sin la adecuada consideración de los riesgos de la enfermedad equivale a un incumplimiento de contrato. “Esto ocurre porque proporcionar un lugar de trabajo seguro es un término fundamental del contrato de trabajo”, explicó el magistrado.

Para el magistrado, el lugar de trabajo representaba “un gran peligro”. "En este caso, el riesgo podría haberse eliminado o reducido fácilmente mediante pasos 'razonablemente practicables', como sugirió la quejosa".

“Como enfermedad infecciosa, COVID-19 constituye un peligro biológico. En este contexto y en el centro de este caso están los deberes tanto del patrón como del trabajador que surgen de la Ley de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo y los principios fundamentales de salud y seguridad”, concluyó el magistrado de adjudicaciones del Workplace Relations Commission.

La cifra establecida a ser compensada de 3,712 euros pudo haber sido más alta, pero influyó el que la mujer hubiera encontrado otro empleo cinco semanas después de haber renunciado con un salario más alto.

Los magistrados de adjudicación son independientes de la Comisión en la toma de sus decisiones ya que los casos que resuelven se refieren a disputas que les son referidas directamente por el Director General del organismo laboral.

Más información irishtimes.com

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