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El Departamento de Justicia (DOJ) pide a la Suprema Corte que tome una decisión sobre el caso porque podría afectar a la figura presidencial

En 2017, en el primer año de Donald Trump, el Instituto Knight de la Primera Enmienda y un puñado de usuarios de Twitter demandaron a Trump luego de ser bloqueados por la cuenta @realDonaldTrump.

Los usuarios argumentaron que la cuenta se usó como un foro público para compartir información oficial y el bloqueo estaba violando el derecho a presentar una petición al gobierno al bloquearlos. En mayo de 2018 la juez de distrito Naomi Reice Buchwald, dio la razón a los usuarios definiendo a Twitter como un foro público por lo que la "exclusión basada en el punto de vista" de los demandantes por parte del entonces presidente violó la Primera Enmienda.

La decisión fue apelada y un panel de apelación del Segundo Circuito ratificó que la exclusión era inconstitucional. "El meollo del asunto en este caso surge de la decisión del presidente de utilizar un tipo relativamente nuevo de plataforma de medios sociales para llevar a cabo negocios oficiales e interactuar con el público", afirma la opinión del juez de circuito Barrington Parker. "Concluimos... que la Primera Enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a las personas de un diálogo en línea de otra manera abierto porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo".

Entonces el caso fue llevado ante la Suprema Corte solicitando se examine “si la Primera Enmienda priva a un funcionario del gobierno de su derecho a controlar su cuenta personal de Twitter al bloquear cuentas de terceros, si usa esa cuenta personal en parte para anunciar acciones y políticas oficiales". Se argumenta que el derecho a bloquear a las personas se deriva del uso del sitio, no del cargo.

En un escrito complementario presentado está semana, el DOJ reconoce que el caso es discutible ahora que el presidente Joe Biden ha prestado juramento, porque los demandantes demandaron a Trump, pero argumenta que la Suprema Corte aún debería otorgar certiorari, anular la decisión del Segundo Circuito e instruir a la juez de distrito Buchwald para que desestime la demanda.

"El hecho de que este caso sea discutible tras la toma de posesión del presidente Biden subraya la falla fundamental de la decisión del tribunal de apelaciones: el bloqueo de los demandados individuales no fue una acción estatal oficial que pueda ser reparada por la Oficina del Presidente", señala el abogado interino General Jeffrey B. Wall. Argumenta que la decisión de Trump de bloquear a esos usuarios no violó la Primera Enmienda porque sus acciones no están relacionadas con el poder presidencial.

En una nota a pie de página, el DOJ también argumenta que "el poder de Twitter para cerrar unilateralmente la cuenta de @realDonaldTrump [subraya] el error del Segundo Circuito al sostener que la cuenta es un 'foro público'".

"Permitir que la decisión (que Twitter es un foro público) se mantenga sería perjudicial, ya no para el presidente Trump, sino para la propia Presidencia y para otros funcionarios gubernamentales, desdibujando la línea divisoria entre acciones gubernamentales y personales. Expone a los empleados federales y estatales a responsabilidad constitucional cuando usan su propiedad personal para hablar sobre sus trabajos a personas de su elección y, por lo tanto, limita las formas en que los funcionarios públicos 'pueden actuar a título personal en todos los aspectos de su vida, en línea o de otro modo' ".

Cabe destacar que Jeffrey B. Wall fue nombrado en la administración Trump y fue el que presentó el recurso originalmente ante la Suprema Corte.

Habrá que esperar la decisión del alto tribunal o si después el DOJ no termina por desistirse.

En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que cuando un servidor público utilice como medio de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados una cuenta de Twitter, está obligado a permitir que aquellos que estén inscritos como seguidores de esa cuenta mantengan el contacto, y a no bloquearlos por estimar que sus opiniones críticas le resultan molestas o incómodas, mientras el comportamiento del usuario seguidor no sea abusivo o constitutivo de un delito.

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