Preparación de inyección

 

Además de cuestionar la ética en decisión de ministro de no vacunar a los reos en Israel, se presenta recurso judicial

En Israel se ha abierto el debate respecto de la legalidad (y moralidad) de la orden implementada por el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, de no vacunar contra el COVID-19 a los internos en prisiones, pese a que estén en el grupo de vacunación por edad o situación de riesgo.

El ministro tomó la controvertida decisión el mes pasado después de que un funcionario palestino dijo que estaban por empezar las vacunaciones a internos por razones de seguridad, y ordenó que ningún interno en prisiones, por motivos de seguridad u otros, fuera vacunado en tanto no estuviera vacunada la mayoría de la población en Israel. De esta forma, solo autorizó la vacunación a los guardias de seguridad en las prisiones.

Esta orden está en directa oposición a la política dictada por el Ministerio de Salud que en esta fase está vacunando a las personas de más de 55 años, incluidos los internos en prisiones. La población carcelaria fue incluida en esta política de vacunación de tal forma que se apartaron vacunas para inocular a los reos.

La decisión del ministro de Seguridad Pública, un abogado de 44 años del partido Likud, ha sido cuestionada por el propio Ministerio de Salud, por el ministro de Defensa Benny Gantz y por el presidente de Israel, Reuven Rivlin, quien el jueves dijo que “evitar el tratamiento que salva vidas a personas en prisión, sea por una sentencia impuesta por un tribunal o en detención previa a ser sentenciados, es inconsistente con nuestros valores, los valores del estado, del judaísmo y de la democracia.”

Por su parte, la fiscalía general envió un comunicado al ministro Ohana en el que le señalan que su orden es ilegal por carecer de autoridad ya que el organismo de gobierno facultado para tomar decisiones sobre la vacunación es el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, cinco organizaciones de derechos humanos presentaron el domingo al Tribunal Superior de Justicia de Israel una petición para que se ordene la revocación de la orden del ministro de Seguridad Pública y “se vacune a toda la población penitenciaria conforme con la vacunación prioritaria establecida por el Ministerio de Salud, con énfasis en prisioneros de 60 años y mayores y aquellos en el grupo de mayor riesgo”, según declaración conjunta firmada por estas cinco organizaciones.

“Conforme con fuentes profesionales, los prisioneros están en la población de riesgo y se debe tomar acción para vacunarlos paralelamente a la población externa de riesgo”, se lee en el mencionado comunicado. Adicionalmente, las organizaciones piden que el servicio penitenciario “evite priorizar la vacunación del personal penitenciario sobre los internos.”

La acción legal de las organizaciones está acompañada de una opinión de la Asociación de Médicos de Salud Pública de la Asociación Médica de Israel en la que se señala: “Los prisioneros deben ser tratados como población cautiva. En el contexto del COVID-19, esta es considerada población en riesgo tanto por condiciones de salud preexistentes como por las condiciones de sobrepoblación que elevan el riesgo de infección y de mortandad.” Los profesionales de la medicina agregan que “el estado de Israel tiene la obligación ética de ofrecer vacunas a la población carcelaria.”

Israel inició hace tres semanas el operativo de vacunación y según información del jueves 14 de enero de 2021 se han administrado 1,937,552 de vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna.

Más información timesofisreal.com

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