Niño llorando

 

Familias afectadas por un injusto esquema de persecución fiscal por apoyos a la infancia, presentan demanda

Veinte familias que fueron víctimas de una agresiva persecución de la oficina recaudatoria de impuestos por apoyos fiscales para la infancia, presentaron una demanda esta semana en la Corte Suprema de Países Bajos en contra de varios ministros del actual gobierno.

El caso se relaciona con el informe entregado el mes pasado al Parlamento en el que se expone la responsabilidad de varios funcionarios, incluido el primer ministro Mark Rutte, de una agresiva campaña de la oficina recaudatoria de impuestos a madres y padres beneficiarios de apoyos a la infancia en que los calificaban de defraudadores fiscales. El documento se titula Injusticia sin precedente.

De acuerdo con la investigación, este sistema persiguió judicialmente a unas 20,000 familias de clase trabajadora por fraude fiscal, exigiendo que regresaran los apoyos entregados para el sostenimiento de los hijos, negándoles el derecho de apelación. La operación de este sistema se presentó desde 2012.

El reporte establece que la oficina recaudatoria neerlandesa “violó los derechos fundamentales del estado de derecho” con investigaciones por fraude a las familias, iniciadas por “algo tan simple como un error administrativo, sin intención maliciosa”, como errores en el llenado de las formas.

Por estos errores adminsitrativos, la autoridad fiscal exigía el pago de decenas de miles de euros lo que llevó a muchas familias a la quiebra o a tener que mudarse de casa y algunos matrimonios terminaron en divorcio debido a la presión.

En el reporte se concluye que los ministros del gobierno, parlamentarios, servidores públicos y jueces tuvieron responsabilidad en esta situación, recomendando que “todos en el aparato del estado se cuestione cómo se puede evitar que una situación semejante vuelva a ocurrir”.

Por esta situación, el gobierno ha ofrecido disculpas y en marzo del año pasado presupuestó 500 millones de euros para pagar compensaciones de unos 30,000 euros a cada familia afectada.

A partir del reporte se ha sabido también que la oficina recaudatoria hizo hincapié en la persecución de unas 11,000 familias con doble nacionalidad, lo que también subraya una tendencia discriminatoria. Pese a esto, la fiscalía neerlandés se ha negado a iniciar acción legal contra quien resulte responsable por discriminación, argumentando que no hay suficiente evidencia.

Las veinte familias que ya han presentado acción legal demandan por negligencia criminal por falta de buen gobierno, discriminación y violación a los derechos de los niños. Sus acciones legales se dirigen a la ministra de Salud, Tamara van Ark, al ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, al ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes, al exministro de recaudación, Menno Snel, y a Lodewijk Asscher quien era ministro de Asuntos Sociales.

Todos los demandados son integrantes de tres de los cuatro partidos del actual gobierno de coalición. Por este escándalo Lodewijk Asscher renunció este jueves al liderazgo del Partido Laboral. Negó haber tenido conocimiento de que la persecución estaba basada en principios equivocados, pero aceptó que el sistema falló, “haciendo al gobierno enemigo del pueblo.”

El viernes el gobierno presentó su renuncia. Mientras se forma un nuevo gobierno permanecerá funcionando y ese nuevo gobierno operará hasta las elecciones de mediados de marzo en que se anticipa un nuevo gobierno liderado por Mark Rutte quien ha gobernado Países Bajos desde 2010.

Más información theguardian.com

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