Estatua de la Justicia, Dublín

 

Tribunal de Corea del Sur falla a favor de víctimas de esclavitud sexual por soldados japoneses

En una histórica y trascendente decisión, el viernes 8 de enero por primera vez un tribunal coreano ordenó al gobierno de Japón a pagar compensación a doce víctimas de esclavitud sexual, exponiendo que la inmunidad soberana no aplica en este caso por tratarse de un delito de lesa humanidad.

El caso se refiere a las esclavas sexuales que los soldados japoneses tomaron durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores suponen que el ejército japonés tomó a unas 200,000 mujeres en Asia como esclavas sexuales, también conocidas como “mujeres de consuelo”. La mayoría de estas mujeres fueron coreanas pero también se cuentan testimonios de mujeres filipinas que fueron secuestradas, mantenidas cautivas, abusadas sexualmente y luego liberadas. Muchas de ellas, por temor y vergüenza, no revelaron este pasado y las que lo han hecho lo hicieron siguiendo los pasos de Kim Hak-soon, una mujer coreana que apenas en 1991 reveló que había sido secuestrada en 1944 por japoneses, cuando tenía 17 años, y obligada a prostituirse. Gracias a este testimonio el mundo conoce de la existencia de las “mujeres de consuelo”, término empleado por el gobierno japonés, aunque ellas prefieren ser llamadas por lo que les hicieron: esclavas sexuales.

Desde 2013 estas doce mujeres, apoyadas por una organización, han buscado no solo compensación por el gobierno japonés, sino ser reconocidas como víctimas de la guerra. Japón se ha negado una y otra vez a ambas cosas de tal forma que cuando en octubre de 2015 las mujeres presentaron la demanda en los tribunales coreanos, el gobierno japonés simplemente se negó a responder.

La demanda fue aceptada y referida en enero de 2016 a la Corte de Distrito de Seúl Centro, pero el proceso se retrasó cuatro años por la negativa del gobierno japonés de cooperar. En enero de 2020, tras haber publicado las notificaciones por edictos, el proceso inició finalmente.

Sin representación ante el tribunal, el gobierno de Japón declaró que la demanda debía ser desechada por el principio de inmunidad soberana según el cual un estado no puede ser juzgado en los tribunales de otros bajo ciertas condiciones. En este caso Japón ha argumentado que el tema quedó zanjado en el acuerdo firmado con Corea del Sur en 1965 sobre reparaciones por la guerra.

La Corte de Distrito de Seúl concluyó el viernes que “el acto ilegal en este caso violó las normas internacionales al haber sido un acto anti humanitario planeado y organizado”, añadiendo que “las excepciones nacionales como la inmunidad del estado no aplican a estos casos.”

“Las demandantes sufrieron de extremo dolor mental y físico que es difícil de imaginar y ellas no recibieron una disculpa internacional”, declaró el tribunal sobre este deleznable delito que se incluye en la violencia sexual que ha seguido siendo usada en conflictos sociales como medio para someter y controlar opositores.

De esta forma, se ha ordenado la compensación de 100 millones de wons a cada víctima, equivalente a 91,340 dólares estadunidenses.

La líder de las víctimas, Bae Choon-hee, ya falleció. El resto de ellas siguieron la decisión vía remota desde un hogar que acoge a las víctimas de la esclavitud sexual.

Ellas saben que será muy difícil obligar al gobierno de Japón a cumplir con el fallo del tribunal y a entregarles la compensación y por eso, un representante de la agrupación dijo, se conforman con una disculpa pública, aunque es de esperarse que esta tampoco llegará muy pronto.

Sobre la ejecución de la sentencia la prensa surcoreana recordó el falló judicial que ordenó a la empresa japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp a pagar 100 millones de wons a cada uno de cuatro demandantes que trabajaron forzadamente en las acerías entre 1941 y 1943. En este caso se ordenó el embargo de bienes de la empresa para pagar la compensación.

El abogado de las doce víctimas de esclavitud sexual, Kim Gang-won, recordó, sin embargo, que el procedimiento para la ejecución de la sentencia debe verificarse por separado. En este caso se especula que el tribunal podría ordenar el embargo de bienes de la embajada de Japón o del centro cultural, pero, haciendo eco de las palabras del abogado, “es difícil responder por el momento”.

Esta es la primera decisión de su tipo, pero el próximo 13 de enero se dictará otra sentencia en el caso presentada por otro grupo de víctimas, así que se espera que no sea la última.

Más información koreaherald.com

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