Bebé llorando

 

Fiscalía española anuncia que investigará las 58 denuncias presentadas sobre presuntos robos de bebés

A la denuncia presentada en noviembre en España de 58 casos de presunto robo de bebés, esta semana la Fiscalía General del Estado respondió que analizarán individualmente cada caso para determinar si hay evidencia suficiente que muestre la comisión de algún delito.

Se trata de una denuncia presentada por madres, hijos y hermanos que se buscan y en las que se argumenta que médicos, organizaciones religiosas y el estado se confabularon para separar a hijos de sus madres y entregarlos en adopción.

El primer juicio de robo de bebés en España inició en 2018 y se presentó en contra del médico Eduardo Vela de la Clínica San Ramón en Madrid. La fiscalía madrileña estuvo investigando estas denuncias desde 2011, pero solo pudieron armar un caso cuando Inés Pérez, madre adoptiva de Inés Madrigal, tuvo la valentía de declarar la verdad sobre su maternidad ante la fiscalía. Con más de 80 años la madre relató en 2011 que, siendo voluntaria en la clínica San Ramón, un día el doctor Vela le entregó “un regalo”: una niña prematura a la que educó, junto con su marido, como a su hija. En este caso el médico quedó absuelto por prescripción de los delitos imputados. Vela falleció un año después de este fallo, en octubre de 2019, a los 86 años.

Los 58 casos que fueron denunciados en noviembre se refieren a personas nacidas entre 1954 y 1994 en Canarias, Navarra, la Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Cincuenta y seis de los denunciantes son asesoradas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

La denuncia se presenta por delitos de continuados de falsedad documental, suposición de parto, delito de alteración de la filiación y violencia de género, y en ellas se explica que “la violencia sufrida por las madres en el momento de su parto formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición”. Es de destacarse que en la denuncia se argumenta que los hechos denunciados son constitutivos de delitos internacionales de desaparición forzada infantil y crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, no prescriben.

La Fiscalía General del Estado, en voz del fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García Ortiz, declara que se trata de una investigación que presenta dificultades puesto que de momento no se ha podido demostrar la existencia de una trama conjunta entre los hospitales en que tuvieron lugar los nacimientos, el personal médico que asistió al parto o firmó el certificado de defunción y las órdenes religiosas vinculadas a la gestión del hospital, como se señala en la denuncia, por lo que analizarán cada caso deforma individual para determinar si se cometió algún delito.

En una carta enviada a María Mercedes Bueno Morales, coordinadora de la plataforma foro internacional de víctimas por desapariciones forzadas infantiles, el fiscal recuerda que muchos de los casos denunciados ya fueron archivados, pero promete que analizará de forma individual cada una de las diligencia practicadas “sin perjuicio de la posibilidad de reapertura en caso de aportación o descubrimiento de nuevos indicios.”

Los hechos denunciados son escalofriantes y lamentablemente no se trata de un caso aislado presentado en España ya que en Argentina, durante la dictadura militar, también se separaron de sus madres bebés recién nacidos para entregarlos en adopción a matrimonios leales al gobierno y a la iglesia católica, como se evidenció en el caso presentado por el poeta Juan Gelman, y en Irlanda se presentaron situaciones similares en los llamados hogares para madres e hijos, investigados recientemente.

Desafortunadamente el robo de bebes se sigue presentado muchas veces bajo la mirada complaciente de algunos funcionarios. En Guatemala, por ejemplo, se presentó el caso contra una juez que participaba en una trama de adopciones irregulares y el año pasado un ex funcionario de Arizona se declaró culpable de la organización de una red de adopciones irregulares que implicó a mujeres de las Islas Marshall.

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