Ataúd

 

Gobierno de Sri Lanka obliga a la cremación de los cuerpos de fallecidos de coronavirus a lo que se oponen los musulmanes

En Sri Lanka ya hay en la morgue diecinueve cadáveres de musulmanes fallecidos por COVID-19 que no han sido reclamados por sus familiares como una manifestación, muy dolorosa dicen, en contra de la obligación de cremar los cuerpos de quienes fallecen por la contagiosa enfermedad.

En marzo de este año el gobierno de Sri Lanka emitió una orden según la cual todos los cadáveres de enfermos del nuevo coronavirus debían ser cremados. Pese a que la guía de la Organización Mundial de Salud, OMS, sobre este particular señala que los cadáveres pueden ser cremados o enterrados, el doctor Sugath Samaraweera, jefe de epidemiología del país asiático dijo que un comité de especialistas le advirtió que por el alto nivel freático los cadáveres enterrados podían contaminar los mantos acuíferos.

El problema es que para los musulmanes no enterrar a las personas conforme con sus rituales significa condenarlos al infierno, además de que consideran que la cremación es una violación al cuerpo humano.

“Me duele dejar el cuerpo de mi padre así, pero ¿qué puedo hacer? En el islam creemos que una persona va al infierno si no es enterrada apropiadamente”, declaró un joven de 28 años cuyo padre falleció el 29 de noviembre por COVID-19 en Colombo y cuyo cuerpo no ha sido reclamado a la morgue.

A partir de la expedición del decreto que obliga a las cremaciones, se presentaron doce peticiones de personas y familias musulmanas y católicas en las que piden evidencia de que los entierros contaminan los mantos acuíferos. Estas peticiones, sin embargo, fueron desechadas por la Suprema Corte el 1 de diciembre, lo que significa que el decreto sigue teniendo vigencia.

Uno de estos peticionarios es Fayaz Joonus, de 48 años, cuyo padre falleció en abril por COVID-19 y que fue obligado por el gobierno a comprar un ataúd y a pagar los gastos de la cremación del cuerpo, pese a ser contrario a sus creencias religiosas. “¿Por qué es Sri Lanka el único país que nos fuerza a cremar a los muertos?”, se pregunta.

Este decreto de obligación crematoria ha abierto la puerta a otro tipo de situaciones que podrían ser violatorias de otros derechos humanos. Por ejemplo, el 29 de noviembre hubo una revuelta en una prisión a las afueras de Colombos por la creciente ansiedad por el contagio de la enfermedad. Producto de los disturbios murieron 11 presos, ocho de los cuales fueron diagnosticados con COVID-19. “Si sus cuerpo son cremados, por COVID, tememos que encubran la responsabilidad de la policía por un posible homicidio”, declaró a los medios un activista de derechos humanos, Ruki Fernando.

Otro caso problemático es el expuesto por Naushad Rafaideen cuyo padre falleció en mayo tras presentar dolor en el pecho. El hospital insistió en catalogar la muerte por COVID y los obligaron a la cremación. “Si insistíamos en enterrarlo, los doctores decían que seríamos responsables si más personas se infectaban por el virus. Estaba asustado y ya en duelo por mi padre así que cedí”, declaró. Después se concluyó que el padre no estaba contagiado de la enfermedad y que la causa de la muerte había sido diferente. Ante los tribunales presentó una demanda por haberlo obligado a la cremación, pero esta acción legal también fue desechada.

El coordinador residente de la ONU en Sri Lanka, Hanaa Singer, ya ha pedido al primer ministro Mahinda Rajapaksa que revise el decreto. “La presunción común de que las personas que fallecen por enfermedades contagiosas deben ser cremadas para evitar el contagio no está apoyada por evidencia. En vez, la cremación es un asunto de elección cultural y de recursos disponibles”, se lee en la carta enviada por el representante de la ONU.

De momento el problema urgente que la morgue debe resolver es qué hacer con los cadáveres que no han sido reclamados pues si bien la orden es la cremación, no hay quien asuma los costos de hacerlo y la acumulación de los cuerpos está presentando ya un riesgo de salud. “Las familias no están pagando por la cremación y la ley no dice que el gobierno puede pagar los gastos. Todos los departamentos están pasando la canasta”, declaró un médico adscrito al servicio público.

Es un tema muy complicado en el que por un lado está la salud pública y por el otro las creencias personales en la condenación eterna.

Más información straitstimes.com

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