Maletín

 

Gobierno de Ruanda está preparando una nueva ley para tratar de reducir las demandas en contra del gobierno

Ruanda está preparando una nueva ley que regulará el servicio público y las responsabilidades de los servidores públicos y que entre sus disposiciones incluirá sanciones a quienes inciten litigios en contra del gobierno para cubrir sus errores o de quienes no sigan las disposiciones legales al momento de firmar contratos.

El anuncio de las nuevas disposiciones fue realizado por el ministro de Justicia Johnston Busingye, quien advirtió que empezarán a perseguir a quienes se ponen de acuerdo con los demandantes del gobierno para tratar de tapar con un litigio sus equivocaciones o sus malos procedimientos.

Lo anterior porque en la tarea que se dieron de buscar cómo reducir los litigios en contra del estado descubrieron que muchos servidores instigan estas demandas. “Sabemos que algunos de ustedes [servidores públicos] alientan a las personas a ir a los tribunales para que el gobierno pierda y el juez ordene pagar, simplemente porque quieres evitar tomar responsabilidad de los errores que cometiste cuando cambiaste contratos sin acudir a los canales apropiados”, dijo el ministro Busingye durante un evento.

Agregó que están en negociaciones finales con la oficina del primer ministro para incluir en la ley la posibilidad de que las personas involucradas en estos casos queden obligadas a pagar las multas impuestas por los jueces. Este tipo de disposiciones lograría que los servidores públicos busquen siempre otras opciones de resolución de conflictos antes de acudir a los tribunales.

Se trata de un tema importante por el elevado número de demandas y los recursos que se deben erogar para pagar las sanciones impuestas.

De esta forma, entre enero de 2019 y noviembre de 2020 el gobierno estuvo o está implicado en 502 demandas de las cuales 279 son sobre la terminación de contratos o irregularidades en las contrataciones.

Una parte importante de las acciones legales presentadas se refieren a temas laborales que implican despido de trabajadores y funcionarios, terminación de contratos laborales y a la falta de pago de tiempo extra.

Por lo que se refiere a erogaciones, este tipo de litigios costó entre 2009 y junio de 2018 1.5 millardos de francos ruandeses, equivalentes a poco más de 1.5 millones de dólares.

Otras demandas se refieren a expropiaciones y a reasignaciones de tierra y 127 de ellas son de naturaleza mercantil por terminaciones de contratos recomendados por la Autoridad de Contratación Pública o por no haber cumplido los procedimientos de contratación.

Durante la reunión con servidores públicos, el ministro de Justicia ruandés dijo que es responsabilidad de cada servidor asegurarse que cada contrato está bien hecho y bien implementado. “Queremos recordarte que las pérdida de dinero público que resulte de una mala gestión de las contrataciones no debe ser tolerada por nadie que ostente un cargo público. Nuestro objetivo final debe ser la mayor prevención de litigios en contra del gobierno y asegurar una victoria cada vez que se produzca un litigio.”

Otras reformas de la nueva ley incluyen el reclutamiento de nuevos funcionarios permanentes y los paquetes laborales que pueden ser ofrecidos así como los incentivos para que permanezcan en el empleo.

Además, al sistema de promoción horizontal que implica aumento de salario, pero no de puesto ni de responsabilidades, se incluye un sistema de ascensos que permitirá una mayor movilidad de los funcionarios del servicio civil de carrera.

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