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Tribunal Superior concede 21 días al gobierno de coalición a explicar cambios a la Ley Fundamental

El Tribunal Superior de Israel emitió una sentencia que puede llevar al país a unas nuevas elecciones o incluso generar una crisis constitucional, al ordenar al gobierno de coalición a explicar y defender los cambios realizados a la Ley Fundamental para formar el gobierno actual.

Israel es un sistema parlamentario que ha experimentado una crisis desde las elecciones de 2019 por la división de opiniones del electorado. Durante las elecciones de abril de 2019 no se perfiló un claro ganador entre el partido Likud de Benjamín Netanyahu y el partido Azul y Blanco de Benny Gantz, habiendo alcanzado cada uno 35 curules. El mandato de formar gobierno se entregó a Netanyahu, pero ante la incapacidad de hacerlo en Knesset se disolvió y se convocó a nuevas elecciones que se celebraron en septiembre de ese mismo año.

En las segundas elecciones el partido de Gantz obtuvo una curul más. Ni Netanyahu ni Gantz pudieron formar gobierno por la falta de acuerdos, así que se convocaron a nuevas elecciones que se verificaron en marzo de 2020.

En estas nuevas elecciones el partido Likud ganó más curules, pero el partido Azul y Blanco tuvo más recomendaciones ante el presidente por lo que se ordenó a Benny Gantz formar gobierno. Las negociaciones sufrieron varios reveses hasta que, finalmente, el 20 de marzo ambos partidos llegaron a un acuerdo que les permitió formar gobierno.

Este acuerdo, motivo de la sentencia del Tribunal Superior, crea una Oficina Alterna del Primer Ministro de tal forma que el cargo será turnado entre Netanyahu y Gantz cada 18 meses. Se acordó que Netanyahu fuera el primer primer ministro mientras que Gantz ostentaría el cargo de primer ministro alterno y que durante el tiempo que Netanyahu no ostente el cargo seguirá siendo llamado primer ministro.

El Partido Azul y Blanco, desconfiando de sus aliados/opositores pidió que el acuerdo quedara formalizado y para tal efecto el Knesset aprobó reformas en el capitulo que regula lo relativo al gobierno de la Ley Fundamental que hace las veces de constitución en Israel.

No nada más se reformaron disposiciones para incluir los términos del acuerdo político, sino que también se limitaron las facultades del Knesset incluyendo la potestad de derrocar al gobierno y se estableció que los subsecuentes cambios a la Ley Fundamental deben ser aprobados por 70 de los 120 miembros del Knesset.

Opositores de ambos partidos presentaron tres recursos ante el Tribunal Superior sobre este cambio legislativo y, aunque durante las audiencias parecía que los magistrados se inclinaban a desechar los recursos, sorpresivamente el jueves ordenó al gobierno que en un plazo no mayor a veintiún días fundamente las razones de los cambios realizados a la Ley Fundamental de tal forma que no sean anulados y que lo relativo a la oficina alterna del primer ministro se mantenga como un arreglo temporal que tenga vigencia solo esta legislatura del Knesset.

La decisión del Tribunal Superior ha causado violentas reacciones, especialmente por parte de la derecha en Israel que durante años han expuesto que el Tribunal Superior y la Suprema Corte tienen facultades excesivas para lo cual se han presentado iniciativas como la de otorgar al Knesset la facultad de anular decisiones del máximo tribunal que declaren la inconstitucionalidad de alguna ley o la de eliminar la facultad del tribunal de derogar las disposiciones que encuentre inconstitucionales.

En medio de estas críticas a la decisión judicial, el gobierno de coalición tendrá que empezar a preparar la defensa de las reformas porque perder el caso podría significar la oportunidad de que Netanyahu, quien está siendo procesado por actos de corrupción, no honre el acuerdo, una situación que los miembros del Partido Azul y Blanco han estado temiendo todo este tiempo.

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