Torsos de soldados armados

 

Primer ministro australiano declaró que 10 soldados podrían ser procesados por ejecuciones extrajudiciales en Afganistán

Este jueves el primer ministro de Australia, Scott Morrison, declaró que de la investigación realizada al ejército de su país se conoce que diez soldados participaron en ejecuciones de civiles o prisioneros en Afganistán por lo que podrían ser procesados por crímenes de guerra.

Aunque muchos medios refieren un inminente proceso, esto todavía dista de suceder pues apenas se ha conocido el resultado de la investigación de la Inspección General de las Fuerzas de Defensa Australianas que estuvo a cargo del juez retirado Paul Brereton y que duró cuatro años. Un resumen de este informe, sin contener los nombres de los soldados señalados, será publicado la próxima semana.

De momento, gracias a fuentes internas, se conoce que durante la investigación se hicieron más de 350 entrevistas a personal militar perteneciente a las SAS, Special Air Services Regiment, que confirmaron las ejecuciones extrajudiciales de civiles y de prisioneros mientras estuvieron en servicio en Afganistán. Sin embargo, esos testimonios no pueden ser usados en los tribunales australianos porque conforme con la ley de procedimiento las confesiones obtenidas durante interrogatorios obligatorios son inadmisibles, aunque pueden servir como testimonio de procesos futuros. Es esta la razón por la que, aunque se han señalado a los diez soldados, de los que cinco siguen en servicio activo, no pueden ser formalmente imputados.

Reconociendo esta limitación, el primer ministro declaró que se nombrará a un investigador especial, que podría ser un juez retirado, encargado de recolectar pruebas y la evidencia necesaria para referirla a la oficina la fiscalía, Commonwealth Director of Public Prosecutions y se puedan fincar responsabilidades a los presuntos responsables por crímenes de guerra. Este investigador dependerá del Departamento de Asuntos Internos y se auxiliará de abogados y detectives federales y estatales.

Durante la conferencia de prensa del jueves, el primer ministro dijo que los altos estándares y respeto por las Fuerzas de Defensa Australianas, ADF por sus siglas en inglés, “requiere que tratemos con verdades honestas y brutales” agregando que el país debe tener un “profundo respeto por la justicia y estado de derecho.”

El reporte parece indicar que las decisiones de las ejecuciones fueron realizadas por soldados de una base de Perth y que los hechos fueron encubiertos por soldados de mayor rango, pero no por oficiales. Sin embargo, se ha cuestionado el liderazgo de los oficiales de las ADF por permitir una cultura en donde los crímenes de guerra se normalizaron.

Aunque ha habido rumores sobre el desmantelamiento de las SAS, oficiales de las ADF insisten en que el cuerpo no será desarticulado, pero que es necesaria una reorganización. Para ello se creará un panel de vigilancia independiente que motivará un cambio de cultura dentro del ejército e implementará las recomendaciones esbozadas por el juez Brereton.

La comisión de delitos por parte del personal del ejército australiano no es un nuevo tema. En 2018 el entonces jefe de las Fuerzas de Defensa, Mark Binskin, refirió a la policía federal al soldado Ben Roberts-Smith, quien ganó una medalla por sus servicios, y la fiscalía está evaluando si presenta cargos en su contra por crímenes de guerra, aunque se sabe que su nombre estará entre aquellos que serán referidos al investigador especial.

Mientras en Australia se hacen responsables de los actos criminales que algunos de los integrantes de su ejército cometieron en Afganistán, en Estados Unidos han optado no solo por no investigar sino que incluso han tratado de desestimar cualquier investigación para lo cual impusieron sanciones en contra de dos funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, una de ellas la fiscal general Fatou Bensouda.

Más información smh.com.au

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