Gabinete de Zimbabwe aprueba reformas penales que sancionan las protestas y dañar la imagen del país
El gabinete de Zimbabwe del presidente Emmerson Mnangagwa aprobó una iniciativa de reformas al Código Penal para tipificar como delito y sancionar con dureza las acciones que se perciban como tendientes a dañar la imagen del país en el extranjero, en un intento de callar a la oposición.
“Las reformas sancionarán la conducta de individuos o de grupos de ciudadanos que, por beneficio propio, cooperen o conspiren con gobiernos extranjeros hostiles para generar sufrimiento a los ciudadanos de Zimbabwe o para causar daños a los intereses nacionales”, declaró sobre estas reformas la ministra de Información, Monica Mutsvangwa.
Esta disposición parece ser la respuesta del presidente Mnangagwa a la presión internacional para que su gobierno ponga fin a los secuestros y actos de tortura cometidos contra los opositores y críticos, actos que fueron condenados por la ONU y la Unión Africana, particularmente respecto del ataque de las fuerzas de seguridad a manifestantes el 31 de julio.
Uno de los casos muy denunciado es el del periodista Hopewell Chin’ono que el 20 de julio fue arrestado por incitar a la violencia al haber hecho un llamado a manifestarse en contra de la corrupción, un delito por el que podría ser condenado a hasta 10 años de prisión. Además de la imputación, mediante artimañas denunciadas también internacionalmente por juristas, su abogada, Beatrice Mtetwa, fue retirada del caso al haber sido declarada en desacato.
También, el líder de oposición, Jacob Ngarivhume, fue arrestado por organizar las protestas en contra de los actos de corrupción que fueron develados por Chin'ono.
Pese al cambio de gobierno en 2017, con la finalización del gobierno de más de 30 años de Robert Mugabe, Zimbabwe está sumido en una profunda crisis económica y social. Por ejemplo, uno de los actos que motivaron las protestas fue el reporte de un médico de siete bebés nacidos muertos en una misma noche en un hospital por la falta de personal médico y la escasez de suministros médicos, pese al otorgamiento de millonarios contratos del Ministerio de Salud para la compra de suministros médicos a precios inflados.
“Otras acciones que serán sancionadas incluirán las manifestaciones planeadas y sincronizadas deliberadamente para coincidir con eventos o visitas internacionales, continentales o regionales. También hay denuncias infundadas de secuestros que se inventan para empañar la imagen del gobierno y las enmiendas penalizarán tal conducta", agregó la ministra de Información.
Lo anterior porque se ha denunciado el secuestro a manos de agentes de las fuerzas de seguridad de estado de personas que han participado en las manifestaciones. Entre estas personas, tres activistas que a principios de año fueron secuestradas y violadas y que ahora están siendo imputadas por haber inventado los hechos para ensuciar la reputación de Zimbabwe.
A principios de mes, el presidente Mnangagwa declaró que su gobierno estaba trabajando en una ley que sancionara a los ciudadanos que se comunicaran con los gobiernos extranjeros y “lastimaran los intereses nacionales.” Esta presunta ley pretendía sancionar la correspondencia con un gobierno extranjero sin aprobación, hacer declaraciones falsas que dañan al país y confabularse con gobiernos extranjeros hostiles para dañar los intereses del país. Al final, se ha optado por reformar el Código Penal.
Emmerson Mnangagwa llegó a la presidencia en 2017 tras un golpe de estado a Robert Mugabe.
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