Dublín, Irlanda

 

La Suprema Corte de Irlanda concluye que el procedimiento de revocación de nacionalidad no otorga garantías mínimas

En una decisión que podría tener impacto inmediato en otros 40 procedimientos en curso, la Suprema Corte de Irlanda concluyó que la ley en la que se fundamenta la pérdida de la nacionalidad es inconstitucional por no ofrecer garantías mínimas de procedimiento.

El caso fue presentado por Ali Damache, un argelino que en 2008 obtuvo la nacionalidad irlandesa y que en octubre de 2018 fue condenado en los Estados Unidos por su participación con una organización terrorista. Debido a esta condena, Ali Damache recibió una notificación del Ministerio de Justicia de que le quitarían la nacionalidad irlandesa por haber mostrado deslealtad al estado. Esta notificación fue recurrida.

Ante los tribunales, Sunniva McDonagh, abogada de Ali Damache, sostuvo que su cliente recibió la sentencia en los Estados Unidos al declararse culpable para no recibir una sentencia de 40 años y que pese a que está sirviendo una larga condena tiene vínculos con Europa de forma que el retiro de la nacionalidad significaría no poder visitar a sus hijos en Francia.

El quid del asunto, sin embargo, radicó en determinar si la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía Irlandesa de 1956 es constitucional conforme con el principio de un proceso justo, particularmente la sección 19 que establece el procedimiento para revocar la nacionalidad a un naturalizado.

La sección 19 dispone que el proceso de revocación es iniciado por el ministro de Justicia tomando en cuenta las investigaciones realizadas por un comité de tres personas, dos abogados y un parlamentario. Sin embargo, las conclusiones del comité no son vinculantes y la decisión es exclusiva del ministro.

En su decisión del miércoles, la magistrada Elizabeth Dunne hizo notar que los individuos que enfrentan proceso de revocación de la nacionalidad tienen derecho a un proceso que proporcione garantías mínimas, incluido que la decisión sea tomada por una parte independiente e imparcial.

Para la magistrada, la conformación del comité no presenta problemas pues se trata de un organismo independiente e imparcial, pero cuyas decisiones no son vinculatorias para el ministro, de tal forma que el ministro, que inicia el proceso, es quien tiene la última palabra y no existe proceso de apelación.

Este procedimiento, señala la magistrada Dunne, no cumple con el principio de justicia natural del derecho inglés que se refiere a un proceso justo, al no proporcionar las mínimas garantías procedimentales que la toma de una decisión con consecuencias tan trascendentales como la revocación de la nacionalidad, exige.

En este proceso participó como amicus curiae la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos y Equidad que argumentó que en torno de la decisión ministerial deben existir elevadas garantías de procedimiento, lo que se puede lograr al establecer un proceso de apelación ante el poder judicial o mediante el establecimiento de un tribunal suficientemente independiente.

Con esta decisión, la revocación de la nacionalidad irlandesa de Ali Damache queda anulada y de alguna forma se obliga al Oireachtas, que es el parlamento irlandés, a revisar y reformar la ley en lo que se refiere al procedimiento de revocación de nacionalidad.

Más información irishtimes.com

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