Defensores de Derechos Humanos demandaron a Donald Trump por firma de orden ejecutiva contra funcionarios de la CPI
Ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el 28 de septiembre se presentó una demanda en contra de la administración Trump por la firma y ejecución de la orden ejecutiva que impone sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, como represalia a la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos por estadunidenses en Afganistán.
La demanda es firmada por la organización Open Society Justice Initiative y por los profesores de Derecho Diane Marie Amann, Gabor Rona, Milena Sterio y Margaret de Guzmán y en ella piden que, al declararla ilegal, se suspendan sus efectos.
La imposición de la orden en contra de funcionarios de la CPI se remonta a noviembre de 2017 cuando la fiscalía de la CPI anunció la investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que incluye la investigación de personal militar estadunidense por posibles actos de tortura cometidos durante las detenciones de sospechosos. (El mismo gobierno estadunidense ha aceptado haber realizado estas “técnicas de interrogación mejoradas”, pero no ha procesado ni sancionado a nadie, pese a que algunos detenidos murieron. Incluso, la actual directora de la CIA, Gina Haspel, estuvo involucrada en estos actos de tortura).
Como respuesta a esta investigación, en marzo de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que se negarían visas de entrada a personal y funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, si seguían investigando la posible comisión de crímenes en Afganistán. Y un mes después, en abril, la amenaza se cumplió cuando se revocó la visa a la fiscal ugandesa Fatou Bensouda.
En junio, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones en contra de “funcionarios, empleados y agentes, así como de miembros de sus familias inmediatas” de la CPI. Estas sanciones incluyen el bloqueo de activos de estos funcionarios y el 2 de septiembre, Mike Pompeo anunció que estas sanciones se actualizaban en dos funcionarios de la CPI, la fiscal Fatou Bensouda y Phakiso Mochochoko, director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación. Con acusaciones tendenciosas lanzadas temerariamente sin evidencia que puedan respaldarlas, Pompeo dijo que la CPI es una “institución completamente rota y corrupta” y añadió que quienes continúen "apoyando materialmente a esas personas también corren el riesgo de exponerse a sanciones".
Esta respuesta del gobierno de los Estados Unidos fue condenada enérgicamente por la Comisión Europea, abogados defensores de Derechos Humanos, académicos y por la propia Corte Penal Internacional. Ahora, la medida es contendida directamente en el sistema judicial de los Estados Unidos.
En la demanda se establece que la acción de la administración Trump obstaculiza y daña el trabajo de los abogados en materia de derechos humanos. “Los demandantes, todos los que hablan, escriben y abogan por cuestiones de justicia internacional en todo el mundo, afirman que daña irreparablemente su trabajo profesional", explicó Open Society Justice Initiative en un comunicado.
“Al expedir esta indignante orden, la administración Trump ha traicionado el largo apoyo de Washington a la justicia internacional, ha desairado a sus aliados e infringido la Constitución de los Estados Unidos”, declaró James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, agregando que esta orden es un “ataque imprudente” a la CPI y a las víctimas a las que sirve.
La demanda directamente nombra como responsables a Donald Trump y a varios miembros de su gabinete, incluyendo al secretario de Estado Mike Pompeo.
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