El Poder Judicial avisó al presidente de la disolución del Legislativo por no haber expedido una ley de género

El mes pasado, David Maraga, presidente del Poder Judicial de Kenia notificó al presidente Uhuru Kenyatta la pertinencia de la disolución del Congreso como respuesta a la reiterada negativa del Legislativo de votar y aprobar una ley que reglamente la obligación constitucional de equidad de género.

La controversia se centra en la “regla de dos tercios de género”, dispuesta en el artículo 81 (b) de la Constitución de 2010 que establece que “no más de dos terceras partes de los miembros de los cuerpos de elección popular deben ser del mismo género”.

El Constituyente de 2010 concedió al Poder Legislativo un plazo de cinco años a partir de la promulgación de la Constitución para expedir esta ley reglamentaria que aseguraría el cumplimiento de la regla con la que más mujeres tendrían participación en los procesos de elección popular.

El Congreso, sin embargo, se ha negado a cumplir con su obligación constitucional.

La notificación de la disolución del Congreso, que procede con fundamento en el artículo 261 constitucional, es el recurso más reciente que el Poder Judicial ha tomado para obligar a que se cumpla la Constitución. Esto porque los legisladores del Constituyente, previendo la renuencia de los legisladores, establecieron la posibilidad de disolución del Congreso las veces que fueran necesarias y el procedimiento para llegar a ello.

El proceso para la reglamentación de la regla de dos terceras partes de género inició en 2012 cuando el entonces fiscal general Githu Muigai pidió opinión a la Suprema Corte sobre si la regla de género necesitaba una implementación inmediata o progresiva.

La Corte Suprema respondió que la implementación debía ser progresiva y notificó al Congreso que debían aprobar la ley reglamentaria a más tardar el 27 de agosto de 2015, conforme con el mandato constitucional. El plazo venció sin que existiera la ley y el Congreso citó la falta de quórum y de consenso para esta omisión legislativa.

Siguiendo el proceso constitucional, el Tribunal Superior instruyó al fiscal general y a la Comisión de Implementación de la Constitución de 2010 a que presentara al Congreso una iniciativa de ley reglamentaria de la regla de género dentro de 40 días.

El Congreso tampoco hizo su trabajo lo que llevó a una acción ante el Tribunal Superior que concluyó que la falta de cumplimiento del Congreso infringía los derechos de las mujeres y era una grave violación a la Constitución, señalando que seguir con el incumplimiento daría pie a la declaración de inconstitucionalidad del Congreso.

El tribunal directamente ordenó al órgano legislativo a tener lista la ley en 60 días. Mientras estas órdenes se expedían, las elecciones generales de 2017 se verificaron sin ley reglamentaria que asegurara el cumplimiento de la regla de las dos terceras partes de género de tal forma que las cuotas no se alcanzaron en la legislatura que está en funciones, con 21.78 por ciento de mujeres en la Asamblea Nacional y 30.88 por ciento en el Senado.

Esta vez, el Congreso no solo no cumplió la orden sino que apeló la decisión.

En abril de 2019 el Tribunal Superior desechó la apelación presentada por el órgano legislativo y declaró que de seguir incumpliendo el mandato constitucional se podría disolver el Congreso.

Llegamos así a septiembre de 2020 y a la notificación del presidente de la Suprema Corte al presidente de Kenia de la pertinencia de la disolución del Congreso. Conforme con el artículo 261 (7) de la Constitución, cuando el presidente recibe esta notificación, “debe disolver el Congreso” y no existe ninguna razón legal para no hacerlo.

Disuelto el Congreso, se convocaría a elecciones dentro de 90 días, sin que esté operando todavía la regla de género y con un plazo de otros cinco años para que esta nueva legislatura expida la ley reglamentaria, lo que volvería a alargar el proceso.

Al momento de escribir este artículo, el presidente Kenyatta no se había pronunciado sobre el tema. No disolver el Congreso, sin embargo, lo haría vulnerable legalmente por incumplimiento del mandato constitucional y por complicidad con el Congreso para no decretar la ley de la regla de género.

Así es como se ha llegado a una crisis constitucional que podría impactar negativamente al gobierno de Uhuru Kenyatta, un hombre que es heredero de la clase política de Kenia y que llegó al poder en 2013 en medio de una acusación internacional por incitar a la violencia postelectoral en 2007.

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