Planta nuclear

 

Es la primera decisión de un Tribunal Superior que reconoce responsabilidad del gobierno japonés por el accidente nuclear de 2011

En una decisión que puede sentar un importante precedente, el Tribunal Superior de Sendai, Japón, sostuvo la responsabilidad del gobierno y de la empresa de energía por el accidente nuclear de la planta en Fukushima en 2011, obligándolos a compensar a 3,550 afectados.

La decisión, la primera en que se acepta responsabilidad del estado en un tribunal superior, no solo sostiene una sentencia de primera instancia, sino que la amplía pues se había ordenado una compensación menor y a menos quejosos.

En octubre de 2017 la Corte de Distrito de Fukushima concedió la razón a los demandantes y concluyó que el gobierno de Japón y la empresa eléctrica que administra la planta nuclear, TEPCO, tuvieron responsabilidad por el derrame que siguió a un fuerte terremoto y a un tsunami en 2011. Lo anterior porque si bien no podían hacer mucho en el momento de la emergencia, pudieron haber previsto lo que podría suceder y haber tomado acciones preventivas basados en una evaluación de riesgos elaborada en 2002.

Sin embargo, llegado el momento de compensar, la Corte de Distrito concedió tan solo 500 millones de yenes (US$ 4,407,000) lo que significaba menos de 200,000 yenes (US$ 1,763) para cada una de las 2,900 personas a ser compensadas. Las más de 3,500 personas que promovieron esta acción pretendían una compensación mensual de unos 50,000 yenes hasta que los niveles de radicación en sus casas llegaran a los límites anteriores al accidente, lo que equivalía a un monto de unos 28 mil millones de yenes.

Sobre ese fallo, Izutaro Managi, uno de los abogados de los demandantes, dijo que “claramente reconoce la responsabilidad del gobierno” sobre el desastre, pero que “el nivel y amplitud de la compensación es insuficiente” por lo que presentaron la apelación.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Sendai volvió a reconocer la responsabilidad del gobierno y de TEPCO y duplicó la compensación previa a mil millones de yenes, equivalentes a 9.5 millones de dólares, para los 3,550 demandantes que sufrieron daños por el accidente, una decisión que ha complacido a los abogados del caso, Izutaro Managi y Hiroshi Kikuchi. El abogado Kikuchi incluso mencionó que la decisión podría tener un impacto positivo en las casi 30 demandas similares que se han presentado en tribunales en todo el país.

El gobierno de Japón y TEPCO tienen plazo hasta mediados de octubre para presentar una apelación ante la Suprema Corte por lo que no se trata todavía de una victoria definitiva. De momento, se desconoce si se presentará la apelación pues mediante comunicado de prensa TEPCO manifestó que analizarán la sentencia antes de decidir y el representante de la entidad de regulación nuclear, Toyoshi Fuketa, dijo que no podía comentar sino hasta que los detalles de la sentencia fueran publicados.

El funcionario aseguró, sin embargo, que promovería “reglas estrictas sobre la energía nuclear para que nunca vuelva a ocurrir un accidente nuclear”.

Desde que ocurrió el accidente el gobierno de japón ha argumentado que no podía prever el tsunami que siguió al terremoto y que provocó el accidente nuclear y, aunque ha pagado algunas compensaciones, mayoritariamente se ha negado a hacerlo. Incluso, en 2013 la fiscalía se negó a presentar cargos penales por negligencia en contra de tres altos ejecutivos de TEPCO por lo que estos cargos tuvieron que ser impulsados por el Comité para la Investigación Judicial, un comité independiente de ciudadanos que revisa las decisiones de la fiscalía. Los tres ejecutivos procesados, sin embargo, fueron absueltos de toda responsabilidad el año pasado.

El gobierno de Shinzo Abe, quien fue primer ministro hasta hace unas semanas, había estado aceptando ciertos veredictos que obligaban al gobierno a compensar a los ciudadanos sin presentar apelación, como el caso de los pacientes de lepra. Esta nueva decisión puede servir para medir hasta donde el nuevo gobierno del primer ministro Yoshihide Suga seguirá esa tendencia o si apelará la sentencia ante la Suprema Corte.

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