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Para disminuir los casos de violencia sexual la prioridad es restablecer el sistema judicial en la República Centroafricana

Pese a la firma de acuerdos de paz en 2019 que pusieron fin a una muy larga guerra civil, el gobierno de República Centroafricana reconoce que la violencia sexual sigue siendo un arma usada particularmente en contra de las mujeres.

El objetivo actual es restaurar en las zonas rurales el sistema judicial para que las víctimas de tan atroces delitos puedan obtener justicia y para tratar de reducir el elevado número de delitos sexuales que se siguen cometiendo.

La ministra de Protección de Mujeres, Familias e Infancia, Aline Gisèle Pana, dijo que el objetivo actual del gobierno es desplegar jueces y magistrados fuera de Bangui, la capital, para reestablecer la autoridad en las zonas rurales que sufrieron más por la guerra civil de siete años (y antes de eso golpes de estado, genocidio, violencia, dictaduras y otras guerras civiles).

“Nuestra principal prioridad es que las víctimas primero obtengan justicia y para ese fin debe existir una cadena penal”, dijo en referencia a la necesidad de contar con tribunales funcionando a nivel local como parte de un sistema integral de administración de justicia.

“Hasta ahora, el apoyo médico y psicológico se proporciona en varias áreas. El gran problema ahora es el apoyo legal”, declaró la ministra desde la capital.

Como en varios lugares en donde se ha hecho el confinamiento obligatorio para tratar de limitar el contagio de COVID-19, la violencia sexual en la República Centroafricana ha aumentado porque las niñas y mujeres están confinadas en sus casas con sus abusadores, con acceso limitado a los servicios de salud y de apoyo. Así fue reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad a través del desarrollo sustentable de las naciones.

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, MINUSCA, en sociedad con analistas criminológicos, publicó un reporte en el que se señala que las denuncias de lesiones a mujeres y niñas subieron casi un 70 por ciento desde abril y las violaciones aumentaron un 27 por ciento. Esta misión de paz está funcionando en el país africano desde 2014.

La agitación y la violencia han sido parte de la vida cotidiana de la República Centroafricana desde hace varios años. En 2014 la fiscal general de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de una investigación formal en la República Centroafricana sobre “una interminable lista” de atrocidades.

La crisis más reciente que vivió este país inició con el golpe de estado de 2013 en la que un grupo musulmán rebelde, Seleka, derrocó al presidente Francois Bozize y en su lugar impuso a Michel Djotodia, quien a su vez fue sacado del gobierno en enero de 2014 por su incapacidad para prevenir los actos de violencia cometidos por los integrantes de la organización Seleka.

Por el conflicto con los Seleka, en noviembre de 2018 se arrestó a Alfred Yekatom, alias Rambo, quien es acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra entre diciembre de 2013 y agosto de 2014.

Además de Alfred Yekatom, actualmente se procesan a otras dos personas en la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el República Centroafricana.

Por delitos que afectaron a la República Centroafricana, este mismo tribunal procesó a Jean-Pierre Bemba Gombo quien fue vicepresidente de la República Democrática del Congo. En junio de 2018, en proceso de apelación, se revirtieron las sentencias condenatorias y Bemba Gombo salió en libertad ese mismo año.

Más información allafrica.com / cci-cpi.int

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