Pazo de Meirás

 

Este miércoles, la juez Marta Canales de un juzgado de primera instancia de Galicia, España, al dictar sentencia anuló la donación de 1938 de la finca Pazo de Meirás a Francisco Franco, declarando legítimo propietario del inmueble al estado español y ordenando a los herederos de Franco la devolución del inmueble y el pago de gastos judiciales.

El Pazo de Meirás es una edificación de finales del siglo XIX que en 1938 las autoridades franquistas coruñesas entregaron a Francisco Franco como residencia veraniega. Una vez que el régimen franquista acabó con la muerte de dictador en 1975, las autoridades gallegas y españoles han estado buscando que el inmueble sea declarado bien público.

La historia legal de este inmueble es complicada y se oscureció más por la repentina desaparición de documentos de los archivos nacionales que demostraban que la entrega del inmueble se hizo a Franco como jefe de estado y no como un regalo personal.

Tras intentos fallidos, investigaciones varias y la creación de una comisión de juristas parte de la Xunta de Galicia para conocer los antecedentes legales de la supuesta compraventa, en julio de 2019 el gobierno español presentó una demanda reclamando a los herederos de Francisco Franco la devolución de la propiedad en Galicia, argumentando que la propiedad siempre ha sido del estado español y que la compraventa fue fraudulenta.

La demanda del gobierno se fundó en el acta notariada de fecha 3 de agosto de 1938 del contrato de venta del inmueble de los herederos de Emilia Pardo Bazán, propietaria del pazo de Meirás, a la Junta pro-Pazo por un precio de 406,346 pesetas. La Junta pro-Pazo luego entregó en donación el inmueble a Francisco Franco en su calidad de jefe de estado, como concluyó la juez Canales, y no a título personal.

Con este documento la Abogacía del Estado sostuvo que la supuesta compraventa del 24 de mayo de 1941 de Francisco Franco fue fraudulenta porque ya el inmueble llevaba 3 años ocupado y en medio de obras de reforma y remodelación. Esta compraventa era el título de propiedad que la familia Franco presentaba para demostrar su propiedad.

Al concluir que la propiedad del Pazo corresponde al estado, la juez declaró nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble y otro documento de donación de 1982.

Respecto de la pretensión de la familia de que se le pagasen los gastos en que han incurrido para el sostenimiento de la propiedad, la juez concluyó que no procede porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco “de mala fe”. Esta mala fe queda demostrada con la simulación de compraventa de 1941.

Además, señala la juez Canales, todos los gastos de la propiedad fueron asumidos por el estado de tal forma que “el pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al palacio de El Pardo”. Así, todos los gastos, desde el personal hasta “gastos de cocina y de facturas de panadería, carnicería, leche, huevos, fruta y hortalizas, establecimientos de ultramarinos, etcétera” e incluso tabaco, eran adquiridos a través del ente de gobierno Servicio de Intendencia de la Casa Civil mientras Francisco Franco, su esposa Carmen Polo y su hija Carmen Franco hicieron uso de la residencia.

Esta sentencia es de primera instancia lo que significa que no es definitiva por lo que los herederos de Franco, representados por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, pueden presentar una apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en Galicia.

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