Virus del Covid-19

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ratificó medidas cautelares para que el gobierno federal de ese país adopte medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus entre las poblaciones indígenas.

La decisión fue aprobada por los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal, aunque uno de ellos se pronunció también por una rápida intervención para retirar a los "invasores", en general mineros ilegales, cuya presencia aumenta los riesgos de contagio en esas regiones.

El ministro relator del caso, Luis Roberto Barroso, concedió en julio una medida cautelar solicitada por ONGs indígenas y partidos de izquierda, que obligó al gobierno a instalar una treintena de barreras sanitarias, a crear una sala interdisciplinaria para administrar las medidas implementadas y garantizar a esas comunidades el acceso al sistema de salud indígena.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en conjunto con otros seis partidos políticos, entre los que destaca el Partido de los Trabajadores (PT), promovieron la solicitud de estas medidas, denunciando un "genocidio de los pueblos originarios debido a la omisión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro”. Más de 600 indígenas ha fallecido y al menos 22,000 contrajeron COVID-19, según datos de la APIB.

En vísperas del juicio, el célebre fotógrafo Sebastiao Salgado pidió a los jueces del STF tomar cartas urgentemente en el asunto.

"Las invasiones [de tierras indígenas] son, como ustedes saben mejor que yo, completamente ilegales. Esas comunidades están protegidas por la Constitución y ustedes son el último recurso", afirmó Salgado.

El STF denegó el pedido de expulsión inmediata de los ocupantes ilegales por considerar que el ingreso de policías y militares a las tierras indígenas, con un largo historial de invasiones y conflicto,  podría desatar enfrentamientos violentos y aumentar los riesgos de contagio.

Al exponer sus argumentos, el ministro relator explicó que considera imperativa la salida de los invasores, pero hizo notar que es imposible resolver mediante una medida cautelar un problema antiguo. "Hace falta un plan y el Estado debe organizarse para encarar el tema", subrayó.

Añadió que considera "inaceptable la inacción del gobierno (...), aún más a causa del grave riesgo que representa la práctica de crímenes ambientales. El mundo nos mira horrorizado y no por casualidad. Es porque [la deforestación ilegal] tiene consecuencias para el ciclo del agua, para la biodiversidad, para el cambio climático", afirmó.

Entre las medidas implementadas se encuentra garantizar el acceso de todos los pueblos indígenas al Subsistema de Salud y la elaboración de un plan para confrontar y monitorear el COVID-19.

Además, se destaca la orden de crear barreras sanitarias para evitar el contagio de las comunidades indígenas en aislamiento así como la creación de una sala de situación para la definición y monitoreo de acciones dirigidas a esos pueblos en aislamiento con la participación de representantes gubernamentales e indígenas.

Otras de las medidas dispuesta por el STF es la implementación de medidas para contener y aislar a los invasores de los pueblos y zonas indígenas y la elaboración de un plan para eliminarlos.

En ese sentido la abogada del Instituto Socioambiental, Juliana de Paula Batista, expresó que “la decisión de hoy es una victoria histórica para los pueblos indígenas” y agregó que “el Gobierno está obligado a desarrollar un plan para combatir el COVID-19 entre los pueblos indígenas”.

Más información telesurtv.net

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