Laura Codruta Kövesi

 

Con la decisión de la Unión Europea de liberar fondos para la recuperación económica de la región afectada, como todos los países del mundo, por el COVID-19, las funciones de la Fiscalía Europea se visualizan como muy importantes porque al haber menos reglas y más flexibilidad “hay un mayor riesgo de que se cometan más delitos de fraude en relación con estos fondos”, según declaró la primera fiscal de este organismo, Laura Codruta Kövesi.

La European Public Prosecutor’s Office (EPPO), o Fiscalía Europea, es una fiscalía independiente y descentralizada de la Unión Europea, con competencia para investigar y procesar delitos cometidos en contra el presupuesto de la Unión Europea, como fraude, corrupción o fraude transfronterizo del IVA. Hasta ahora, y previo al funcionamiento de esta fiscalía, solo los estados miembros tienen facultades para investigar y perseguir los delitos de fraude en contra del presupuesto de la Unión Europea, pero sus facultades terminan en su fronteras.

La EPPO es un organismo cuya regulación fue aceptada el 12 de octubre de 2017 y que inició vigencia el 20 de noviembre de ese mismo año con la participación de 22 estados miembros. Hungría, Polonia, Suecia, Dinamarca e Irlanda han decidido no participar en este organismo que se prevé que inicie funciones a finales de este año.

“Me resulta difícil comentar las razones por las que estos Estados miembros no se unieron a la EPPO, porque, después de todo, es una decisión política y no puedo comentarlo. Investigaremos ciertos delitos cometidos en relación con estos estados miembros, sus ciudadanos o en el territorio de estos estados miembros. Además, cooperaremos con las autoridades de esos estados y aplicaremos los instrumentos de cooperación judicial de que disponemos actualmente”, declaró al respecto la fiscal Laura Codruta Kövesi, nombrada en octubre de 2019 por la Comisión Europea como la primera fiscal de este organismo.

Laura Codruta Kövesi, de nacionalidad rumana, es abogada por la Universidad Babeș-Bolyai ubicada en Cluj-Napoca, Rumania. Entre 2006 y 2012 fue la fiscal general de Rumania y desde 2013 se desempeñó como la jefe de la fiscalía anticorrupción, Direcția Națională Anticorupție, DNA, hasta que fue despedida por el ministro de Justicia en julio de 2018 quien expuso varias razones. La remoción del cargo se hizo efectiva cuando una decisión de la Corte Constitucional obligó al presidente Iohannis a aceptar la decisión argumentando que solo podía revisar la legalidad de la remoción, pero no las causas. La abogada Codruta llevó el caso de su despido ante la Corte Europea de Derechos Humanos que en mayo de este año concluyó que en el proceso de remoción se habían violado sus derechos a un proceso justo y su libertad de expresión.

Pese a la oposición de Rumania para que ella fuera nombrada como la primera fiscal de la EPPO, en octubre de 2019 el nombramiento fue realizado por la Comisión Europea y luego aprobado por el Parlamento. De esta forma se prepara para empezar a ejercer las funciones encomendadas a cargo de esta nueva institución europea.

En entrevista concedida euronews.com en julio, la fiscal Codruta explicó los obstáculos que la EPPO ha tenido que sortear hasta el momento: “La falta de recursos financieros y presupuestarios. Este sería el primer obstáculos. Otro obstáculo ha sido toda demora y me gustaría dar un ejemplo tangible. Los fiscales europeos debieron haber sido designados a finales del año pasado, pero, hasta el momento, todavía no han sido nombrados. No podemos tener un colegio sin fiscales europeos y sin un colegio no podemos definir las reglas de procedimiento y el marco regulatorio bajo el que la EPPO funcionará. Este procedimiento ha sido retrasado porque Malta no propuso suficientes candidatos elegibles. Como consecuencia, desde diciembre, todo el proceso ha sido retrasado y espero que los fiscales europeos sean nombrados tan pronto posible.”

Se trata del Colegio de Fiscales que funciona con un fiscal representando a cada estado miembro y que está encargado de tomar decisiones en asuntos estratégicos para asegurar la coherencia, consistencia y eficiencia en y entre los casos. Además, es el órgano encargado de adoptar las reglas internas de procedimiento.

Si bien la EPPO es un esfuerzo que ha sido bienvenido por los europeos, los detalles de su funcionamiento son inciertos y se espera que tenga varios problemas en su actuación. Sobre este particular, el profesor de la Universidad de Kent, experto en derecho penal europeo, Dermot Walsh, dijo que lo que inició como una coherentemente razonable estructura centralizada, ha sido cambiada por las tensiones entre los países miembros, dando lugar a una estructura más descentralizada. “El efecto”, dijo el especialista, “es que es probable que exista incertidumbre, confusión y continuas luchas de poder entre el centro y las autoridades nacionales en casos individuales lo que, a su vez, resultará en retrasos y en casos desechados o perdidos. También servirá para oscurecer el trabajo de la EPPO en detrimento de la transparencia y la responsabilidad.”

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