Balanza judicial

 

En varios países del mundo se han estado presentando acciones legales para responsabilizar a los gobiernos por sus respuestas y acciones frente a la crisis del COVID-19. Sudáfrica, país que pronto entró en confinamiento e impuso medidas muy restrictivas que incluyen la prohibición de venta de licores y cigarros, no escapa a esta tendencia.

Este martes, la organización Helen Suzman Foundation (HSF), que promueve los valores democráticos y los derechos humanos en Sudáfrica después del apartheid, anunció que presentaron una acción legal pidiendo una orden judicial para que los poderes legislativo y ejecutivo tomen medidas inmediata para “reclamar y restablecer los respectivos poderes del parlamento y del ejecutivo.”

La Fundación argumenta que la Ley de Gestión de Desastres, mediante la cual se establece el estado de desastre, concedió poderes que pertenecen al legislativo y al ejecutivo a la ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma, para que de forma temporal tomara decisiones respecto de la crisis epidemiológica. Estos poderes, señalan, se justificaron para dar respuesta inmediata a la crisis, pero la situación ha cambiado desde que el parlamento y el poder ejecutivo han podido reunirse.

“Después de la declaración del estado de desastre, señala la HSF [en la demanda], el parlamento y el ejecutivo debieron haber tomado activamente medidas para reclamar sus funciones constitucionalmente asignadas. Ellos no lo han hecho. En su lugar, durante cuatro meses han permitido a la ministra, sola con el Consejo de Comando Nacional del Coronavirus, legislar la respuesta del estado al COVID-19”, declaró la organización mediante comunicado. “Parecen contentos [el Parlamento y el ejecutivo] al permitir que la última autoridad sea ejercida por otros, aparentemente en tanto el COVID-19 sea una amenaza.”

Según la organización, la acción legal presentada no se trata de un ataque directo a la respuesta del gobierno a la crisis de salud pública. “No se hace ningún ataque explícito a las decisiones políticas ni juicios de valor tomados en las regulaciones existentes ni sobre las regulaciones que se tomen cuando el Parlamento apruebe las leyes necesarias. La solicitud busca restaurar la primacía de nuestra excepción constitucional”, se lee en el comunicado.

La Helen Suzman Foundation es una organización muy activa en Sudáfrica. En 2018 intervino respecto de la polémica suscitada por la exhibición en una galería de arte del trabajo de Zwelethu Mthethwa, un pintor que en 2017 fue sentenciado a 18 años de prisión por el homicidio de una prostituta de 23 años.

Francis Antoine, director de la Fundación, dijo al respecto que el derecho a la libertad de expresión presenta dos preguntas iniciales: “¿De quién se deben proteger los derechos y los derechos de quién están siendo violados?” y añadió que se debía resolver en este caso cómo la libertad de expresión se relaciona también con los derechos de independencia curatorial vinculada con las obligaciones contractuales.

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