Fachada de la Suprema Corte de EEUU

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó por unanimidad de votos que los estados tienen la facultad de legislar para poder exigir a sus representantes en el Colegio Electoral, votar en base a los resultados del voto popular en los comicios generales.

En el fallo del Tribunal Supremo, la magistrada Elena Kagan señala que "nada en la Constitución prohíbe expresamente a los Estados retirar a los electores presidenciales su capacidad de decisión en el voto", pero posteriormente añade que la Carta Magna, da poder a los Estados para poner condiciones a estos delegados y obligarlos a votar por un candidato en concreto, como se establece en la ley del Estado de Washington.

“El poder de nombramiento del Artículo 2, sección 1, [de la Constitución de los Estados Unidos de América] otorga a los Estados una autoridad de gran alcance sobre los electores presidenciales, sin ninguna otra restricción constitucional. Como [la Constitución dice], cada Estado puede nombrar electores 'de la manera que la Legislatura de la misma pueda ordenar'. ... Este Tribunal ha descrito esa cláusula como ‘transmitir el poder más amplio de determinación’ sobre quién se convierte en elector".

“La Constitución establece límites básicos sobre los electores. El Artículo II incluye solo las instrucciones para que cada Estado designe, de la forma que desee, [sus electores presidenciales]. La Duodécima Enmienda luego le dice a los electores que se reúnan en sus Estados, que voten por el presidente y el vicepresidente por separado, y que transmitan listas de todos sus votos al Presidente del Senado de los Estados Unidos para contarlos. … Eso es todo", concluye Kagan

La decisión de la Corte refuerza la validez del Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional. Bajo ese pacto los estados que combinados representan al menos 270 votos electorales acuerdan otorgar sus electores al candidato presidencial que gane la mayoría de los votos individuales en todo el país. Quince estados y el Distrito de Columbia, con un total de 196 votos electorales, ya aprobaron la medida.

En los 18 estados que actualmente no tienen leyes contra los electorales infieles, el Pacto Interestatal de Voto Popular Nacional funcionaría de manera idéntica al sistema que han estado utilizando durante más de 200 años. En estos estados los electores presidenciales son elegidos por el partido político cuyo candidato presidencial recibe el voto popular dentro del estado, y no hay requisitos adicionales impuestos al elector.

La decisión finaliza la problemática generada por el complejo sistema de voto indirecto usado en las elecciones generales de Estados Unidos, donde los votantes no escogen directamente al futuro presidente, sino que eligen y marcan la dirección de voto de los Delegados Estatales, que en diciembre se reúnen para escoger al futuro jefe del Ejecutivo y a su vicepresidente.

Anteriormente, no estaba claro si los delegados podían ignorar el mandato de los ciudadanos de sus estados y votar según creyeran conveniente, algo no muy habitual pero que sí había ocurrido con anterioridad. Un ejemplo de ello, es que en la elección presidencial de 2016, cuatro delegados se negaron a votar por la demócrata Hillary Clinton, a pesar de que había resultado ganadora del voto popular en los estados que representaban, una decisión que no alteró el resultado final.

Además, el fallo evita que ante un hipotético empate, los miembros del Colegio Electoral tengan el poder de escoger unilateralmente al presidente de Estados Unidos.

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