Mazo judicial

 

La Suprema Corte de Tailandia falló a favor del investigador Andy Hall de la ONG finlandesa Finnwatch, sentenciado en primera instancia por difamación y delitos cibernéticos tras la publicación de un reporte sobre violación a derechos humanos en la industria alimentaria tailandesa.

El reporte aludido fue publicado en 2013 y se titula Cheap Has a High Price, Lo barato tiene un alto costo, sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en plantaciones de frutas. Una empresa que envasa jugo de piña que es ampliamente vendido en Finlandia y en otros países de la Unión Europea presentó la demanda por difamación, que es un delito en Tailandia, y por otros delitos cibernéticos.

El Tribunal Penal del Sur de Bangkok falló en 2016 en contra del investigador y al encontrarlo culpable de los delitos señalados le impuso una sentencia suspendida de cuatro años de prisión y una multa de 150,000 baht, unos 4,300 euros.

La sentencia fue apelada y en 2018 una corte de apelaciones revirtió el fallo. Llegado a la máxima instancia, a finales de junio la Suprema Corte confirmó la sentencia de apelación anulando definitivamente la sentencia de primera instancia.

La denuncia de muchas organizaciones de sociedad civil es que los tipos penales de difamación y delitos cibernéticos por publicaciones en la red están siendo utilizados para tratar de silenciar voces opositoras.

“Investigar violaciones a derechos humanos no es un delito”, declaró Sonja Finér, directora ejecutiva de Finnwatch. “En años recientes hemos sido testigos de un aumento en Tailandia de cargos de difamación y ciberdelitos presentados en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que reportan sobre el comportamiento abusivo de las empresas. Tailandia debe seguir a esta sentencia con reformas cruciales a los derechos laborales y despenalizando la difamación.”

Finnwatch es una ONG que investiga los impactos globales de las empresas privadas, al promover una conducta comercial ecológica, social y económicamente responsable.

En el comunicado de prensa publicado por Finnwatch sobre esta sentencia, Andy Hall escribió: “Doy la bienvenida a la sentencia final de este caso. Pero después de años de continuo acoso judicial que me ha costado mucho a mí, a mi familia y colegas, el veredicto no se siente como una victoria. Mi activismo de más de una década en Tailandia tenía solo la intención de promover y mantener los derechos fundamentales de millones de trabajadores migrantes en el país.”

Este acoso judicial, que se manifiesta a través de demandas a quienes procuran la defensa de algún derecho, es denunciado por varias personas entre ellas Krystal Two Bulls, quien prefiere llamarse organizadora a activista por la mala connotación que la prensa ha dado a este término, y quien en la defensa de las tierras y acceso al agua por las naciones originarias en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access, fue demandada por la empresa Energy Transfer Equity, por prácticas corruptas influenciadas por el crimen organizado. Eventualmente los cargos fueron desechados por el tribunal por carecer de fundamento, pero Krystal declara que el proceso judicial tuvo un altísimo costo emocional en ella y en su trabajo.

La demanda en contra de Krystal y de otros activistas opositores al Dakota Acces Pipeline fue presentada por el despacho de abogado que ha representado a Trump en algunos asuntos y es la segunda vez que presentan denuncias de prácticas corruptas en contra de defensores del medio ambiente.

Es triste cuando el sistema de justicia es usado por las empresas para tratar de silenciar a la justicia.

Más información yle.fi

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