Fachada de la Suprema Corte chilena

 

La Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó una condena contra la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Miguel, comuna de Santiago, obligando al pago de una indemnización de 19,000 dólares a los padres y a un joven que fue apuñalado en un colegio de la comuna.

Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2016 en el Liceo Mixto Betsabé Hormazábal Alarcón, cuando en un pleito entre varios alumnos uno de ellos apuñaló a otro estudiante por la espalda, generándole daño en un riñón y la muerte a causa de las lesiones.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de apelación en contra de la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la sentencia de primera instancia y determinó la responsabilidad del establecimiento.

La sentencia indica que del marco legal aplicable  se desprende que, sobre el establecimiento educacional y, en consecuencia, sobre su “sostenedor, recaía el deber de velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que quedaren expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos, como ocurrió en la especie”.

Para la Corte Suprema, “el administrador de un establecimiento educacional debe aplicar un cuidado elevado con miras a proteger la vida e integridad física de los estudiantes, teniendo en cuenta que, en este caso, se trata de adolescentes, que requieren especialmente de orientación, dadas las especiales características de la etapa del desarrollo en que se encuentran; en el caso de autos, varios de ellos, momentos antes de la agresión participaron en una altercado con golpes de puño, como fue asentado en el considerando duodécimo de la sentencia de primera instancia, sin que dicha situación fuere advertida oportunamente por el personal paradocente del Establecimiento, llegando un Inspector una vez que la víctima ya había sido apuñalada”.

En el fallo se concluyó que “la demandada no sólo ha incurrido en un incumplimiento de su obligación de velar por la integridad física y psíquica del pupilo fallecido, sino también ha permitido que tal derecho se vea amenazado respecto del resto de los miembros de la comunidad educativa que se hallaban en el establecimiento el día de los hechos.

“En esas circunstancias, sólo cabe colegir que el ente demandado incurrió en falta de servicio por cuanto no adoptó las medidas de resguardo, protección y prevención necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de sus alumnos, pese a que se encontraba obligado a hacerlo”.

Esto es lo que se conoce en México como responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con motivo de la actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, generando el derecho a una indemnización.

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