Médica con cubrebocas

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló a favor de un sindicato del Hospital de San José de Maicao, La Guajira, estableciendo nuevos criterios para las protestas de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

El proceso comenzó en marzo de 2018. Los trabajadores del Hospital llevaban ocho meses sin recibir sus salarios y convocaron a una huelga. Decidieron cerrar el área de atención por consulta externa, pero siguieron atendiendo el resto de las áreas. Sin embargo, las directivas del Hospital los demandaron ante el Tribunal Superior de Riohacha porque consideraban que la huelga había sido ilegal y, como implicó pérdidas para el Hospital, pedían que los trabajadores respondieran por las mismas.

En primera instancia el Tribunal de Riohacha le dio la razón al Hospital y condenó al sindicato de trabajadores. Ellos, por su parte, apelaron y fue así como el tema llegó a la Corte Suprema. Uno de los principales problemas de este caso es que los profesionales de salud trabajan en un sector que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido como servicios esenciales, es decir, cuya suspensión supone “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.

No obstante, la Sala Laboral se puso del lado de los trabajadores de la salud. “Respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracteriza por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuficiencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral”, señala la sentencia. Esto lo aclara la Corte reconociendo la importancia de lo que estaban denunciando los profesionales que participaron en la huelga.

Para declarar ilegal la huelga, el Hospital debía demostrar que se suspendió totalmente el servicio. “En este caso, solo está demostrado y no se discute, que se suspendió el servicio de consulta externa, pero no existen elementos de convicción que evidencien que ello puso en vilo la salud de los pacientes”, concluyó la Corte.

Y añade el fallo: “Para la Corte es claro que el impago prolongado de las remuneraciones de los trabajadores de la salud es una cuestión grave que afecta el mínimo vital del trabajador y de su familia, pues los priva de bienes básicos como la alimentación, vestuario, vivienda, educación y otras necesidades elementales de la vida corriente. Paralelamente, es un problema que también afecta en forma directa e inmediata la prestación hospitalaria, pues ocasiona pérdida de la calidad del servicio, insatisfacción, ausentismos, alta rotación, estrés y ansiedad, de suerte que por mucho que se quiera contener el conflicto, estas situaciones llevan a los trabajadores en estado de angustia y desespero a tomar medidas extremas como el paro”.

El alto tribunal concluyó en este caso que, como la protesta es un derecho fundamental, cualquier limitación a su ejercicio debe estar prevista expresamente en la ley y, por ende, “el Tribunal no podía exigirle al sindicato agotar el procedimiento de la huelga contractual a un conflicto que tenía su origen en el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador”.

El fallo se conoció esta semana, días después de que un médico de Quibdó, Choco, Colombia, falleciera por COVID-19 y en el marco de las diferencias entre médicos y gobierno en el que los profesionales de la salud exigen mayores garantías para hacer su trabajo. El alto tribunal reconoció y protegió el derecho fundamental de los médicos a protestar.

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