Basílica y Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano

 

Computadoras y documentos de la oficina administrativa de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, son el objeto de una orden de cateo aprobada por la fiscalía del Vaticano a partir del reporte recibido del auditor general.

Al parecer se trata de una nueva investigación iniciada respecto de malversación de fondos que ha salido a la luz después de una auditoría del comisionado obispo Mario Giordana, realizada con fundamento en nuevas normas emitidas el 1 de junio por el papa Francisco para centralizar los procesos de contrataciones y adquisiciones de la Fabbrica di San Pietro, oficina encargada de la administración de la basílica de San Pedro, con la finalidad de reducir el desperdicio, eliminar la corrupción y actualizar la gestión financiera del Vaticano.

Pocos detalles se conocen de los resultados de la auditoría encargada al obispo Giordana, quien en 2018 también estuvo encargado de la investigación por “algunos aspectos económico-administrativos” del Coro della Cappella Musicale Pontificia, conocido como Coro Capilla Sixtina, uno de los ensambles de voces más antiguo del mundo, y que llevó al retiro anticipado del padre Massimo Palombella, director del coro.

Como resultado de esta investigación, este martes, el papa Francisco nombró comisionado especial al obispo Giordana para administrar la basílica, reorganizar sus oficina y actualizar sus estatutos para cumplir con las normas antes mencionadas en materia de contratos y adquisiciones y “purgar su administración.”

Esta investigación se suma al proceso en curso respecto de la adquisición en 2013 en Chelsea, Londres, Inglaterra, de una parte de lo que fuera una bodega de la tienda departamental Harrod’s con la finalidad de convertirlos en departamentos de lujo. Esta transacción fue encomendada por el Secretariado del Vaticano a Raffele Mincione.

Se trata de una transacción reportada en 225 millones de dólares que salieron, según anunció el Secretariado del Vaticano, de los recursos donados por los fieles católicos del mundo del óbolo de San Pedro, recolectado cada año el domingo más cercano a la festividad de San Pedro y San Pablo y que este año se movió al 4 de octubre por la epidemia de coronavirus.

En 2017 el secretariado contrató los servicios de Gianluigi Torzi para ayudar a Mincione con la compra del resto del inmueble, en una transacción de otros 170 millones de dólares. Estas transacciones han sido investigadas por estafa, extorsión y corrupción y al momento varios funcionarios del Vaticano han renunciado o han sido despedidos por este asunto y la fiscalía vaticana pondera presentar cargos formales en contra de los financieros Mincione y Torzi y de dos ex funcionarios del Secretariado, el laico Fabrizio Tirabassi y monseñor Alberto Perlasca.

Raffele Mincione ha insistido que no obró mal en ningún momento y como respuesta a la posible imputación ha presentado ante el Tribunal Superior de Londres dos acciones civiles por difamación que pretenden que el tribunal aclare su conducta y establezca que su reputación ha sido dañada por la investigación y acusaciones del Vaticano. Se trata de demandas presentadas este martes y hasta el momento se desconoce si serán procedentes o no.

De ser aceptadas, como lo menciona John L. Allen Jr en un artículo publicado en cruxnow.com, el mismo asunto estaría siendo ventilado en dos tribunales diferentes lo que podría poner presión adicional a jueces y fiscales del Vaticano para asegurarse de la validez de las acusaciones y de la aplicación de la ley sobre las que las fundamentan porque, a juicio del escritor, sería vergonzoso que otro tribunal señalara la inocencia de Mincione.

Estos dos asuntos todavía tienen mucho que contarnos y ya veremos cómo se van desarrollando.

Más información cruxnow.com

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total concediendo crédito a miabogadoenlinea.net

Imagen Websi de Pixabay