Ante la Corte Federal de Distrito de Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos, un exfuncionario electo del condado de Maricopa, Arizona, se declaró culpable de un cargo de tráfico de personas por la red que armó en la que pagaba a mujeres de las Islas Marshall para entregar a sus hijos en adopción.
Se trata de Paul Petersen, quien hasta su arresto en octubre de 2019 fungió como asesor del condado de Maricopa, y que fue imputado en los estados de Utah, Arizona y Arkansas por varios cargos entre ellos tráfico de personas, venta de infantes, fraude, falsificación y conspiración para cometer lavado de dinero. Se trata de cargos de actos cometidos en un periodo de 3 años y que implican unas 75 adopciones.
Con el acuerdo de culpabilidad por un cargo de tráfico de personas, que le podría implicar hasta 10 años en prisión y el pago de una multa de hasta 250,000 dólares según el fiscal del caso, David Clay Fowlkes, la fiscalía aceptó desechar todos los demás cargos en contra de Peterson. Se trata de un acuerdo independiente de los procesos que se siguen en su contra en Utah y en Arizona, en los que también se declaró culpable.
Según la explicación que en octubre de 2019 prestó el fiscal general del estado de Utah, Estados Unidos, Sean Reyes, la red de Petersen iniciaba con la contratación de mujeres en las Islas Marshall para el reclutamiento de embarazadas a quienes convencían de entregar a sus hijos en adopción a cambio de US$10,000. Las Islas Marshall, en Oceanía, están bajo administración de los Estados Unidos de forma semejante a Puerto Rico, por esta razón sus ciudadanos pueden entrar a los Estados Unidos y trabajar en el país sin necesidad de una visa.
Las embarazadas llegaban a casas de Petersen en Arizona, Utah y Arkansas donde aplicaban a los beneficios del seguro de Medicaid y esperaban a tener al bebe para entregarlo en adopción. Una vez que parían, regresaban a Islas Marshall o las mandaban a Arkansas, estado que tiene la mayor concentración de inmigrantes marshaleses en los Estados Unidos.
Por adopción, Petersen, abogado de profesión, cobraba a los padres honorarios de entre 25,000 y 40,000 dólares, de tal forma que, según las autoridades, ingresó a la cuenta bancaria que ponía a disposición de los papás adoptivos unos 2.7 millones de dólares en menos dos años.
Según el acuerdo con las autoridades federales, Petersen se declara culpable del tráfico de cuatro mujeres ciudadanas de las Islas Marshall que no tenían permiso para entregar a sus hijos en adopción, pues el permiso bajo el que pueden viajar es solo de trabajo. Las adopciones que involucran este acuerdo ocurrieron entre 2014 y 2015.
En una entrevista, el fiscal Fowlkes aseguró que ninguna de las adopciones en las que intervino Petersen son afectadas por su declaración de culpabilidad porque los padres adoptivos “no tenían idea de la fraudulenta naturaleza” del comportamiento de Paul Petersen. Esos padres, junto con las madres biológicas eran “víctimas muy vulnerables”, aseguró el fiscal.
“Este acuerdo de declaración es un paso más en el largo camino para poner fin a las prácticas de adopción ilegales que han plagado durante mucho tiempo a la comunidad marshalesa en nuestro distrito” declaró el fiscal Fowlkes mediante comunicado de prensa.
Ni en este caso federal ni en los casos que se siguen a nivel estatal se ha dictado sentencia todavía.
Más información nytimes.com
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