Lápida

 

Más de cien denuncias por diversos delitos relacionados con el brote de la epidemia de COVID-19 se han presentado ya ante los tribunales de Francia, llamando la atención de las autoridades de que estas denuncias se han presentado en medio de la crisis y no al final de ella.

Se trata de acusaciones diversas que incluyen delitos como lesiones u homicidio involuntario, poner en riego las vida de terceras personas, abstención voluntaria de combatir un desastre, presentadas también por muy diferentes personas como familiares de fallecidos a causa de la enfermedad, trabajadores del sector salud o policías y en contra de diversas autoridades.

Numerosas quejas han sido presentadas en contra de Jérôme Salomon, director general de salud y uno de los principales responsables ante los medios durante la pandemia. También se incluyen a la Cámara Francesa de Farmacéuticos, a instituciones de gobierno como Salud Pública, agencias regionales de salud, hogares de la tercera edad, administración de prisiones y, por supuesto, en contra del ministro de Salud, Olivier Véran, y del gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Para presentar estas denuncias han surgido numerosas agrupaciones como el capítulo francés de AVCCD, Avaic19, que es la Asociación de Ayuda y Compensación a Víctimas de COVID-19 y el Colectivo 9,471 que representa a familiares de hogares para personas de la tercera edad. El número representa los muertos registrados en hogares de ancianos hasta el 5 de mayo de 2020, día en que la asociación fue creada. Más de un tercio de las muertes registradas en Francia por esta enfermedad es de personas que estaban en estos hogares.

Entre los quejosos se incluyen a familiares de trabajadores de la salud que murieron a causa de la enfermedad. Tal es el caso de la viuda del doctor Ali Djemoui, de 59 años, que murió el 12 de abril después de haber atendido a casi 1,400 pacientes en un mes, unas 60 personas por día, seis días a la semana. Sobre esta queja en particular, el abogado Fabrice Di Vizio, que representa a personas de AVCCD Francia, declaró: “A finales de febrero, el gobierno dijo que los médicos generales no estaban en contacto con los pacientes de COVID-19, pero de hecho, el doctor Djemoui había trabajado con pacientes que estaban tosiendo.”

“Entre finales de febrero y mediados de marzo, se les negaron a los médicos generales las máscaras que necesitaban”, continúa el abogado Di Vizio, argumentando que la Cámara de Farmacéuticos no dio instrucciones oportunas para importar estas máscaras para enfrentar el severo déficit de ellas.

La asociación de médicos de Francia estima que unos 30 médicos generales han fallecido a causa de esta enfermedad y hacen responsable de ello al ministro de Salud por haber faltado a la promesa de otorgarles el adecuado equipo de protección con máscaras FFP2, recomendadas para los que atienden en primera línea. Los sindicatos de policías también acusan al gobierno de no haberles entregado este equipo de protección.

El abogado Di Vizio dijo que estos proceso tomarán entre cinco y siete años. “Pero es importante que el proceso tome mucho tiempo porque tenemos que entender las responsabilidades de cada actor en el sector salud. Es un esmerado trabajo, pero es el precio que debemos pagar por llegar a la verdad.”

Como respuesta a este influjo de denuncias, el procurador de París, Rémy Heitz, anunció el 8 de junio que se abriría una amplia investigación sobre el manejo de la epidemia en Francia, la que completaría la investigación encomendada a una comisión de parlamentarios para tratar de encontrar los errores que fueron cometidos. El procurador dijo que se trata de “una situación histórica” haciendo notar que “es la primera vez que las denuncias han sido presentadas mientras está la crisis en pleno apogeo” a diferencia de otras crisis de salud pública como la generada por el uso de asbesto o por sangre contaminada, cuando “se hizo justicia después del hecho.”

Así como en Francia, en casi todos los países se están presentando este tipo de acciones legales.

Más información france24.com

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