La Corte Suprema de Israel declaró como inconstitucional la Ley de Regulaciones sobre Asentamientos, una ley que permitía a Israel legalizar retroactivamente cerca de 4,000 viviendas de colonos construidas sobre tierras de propiedad privada en Cisjordania. Ocho jueces rechazaron la ley y uno votó a favor de ella.
Esta controversial legislación aprobada por la coalición de derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu en 2017, establece que las casas construidas sobre tierras palestinas privadas podrían ser legalizadas de manera retroactiva si los colonos no sabían que eran propiedad palestina al momento de iniciar la construcción o si las casas fueron construidas por orden estatal.
La ley "infringe de manera desigual los derechos de propiedad de los residentes palestinos" y "genera discriminación entre israelíes y palestinos en la zona", dijo la juez presidente, Esther Hayut, en la decisión del grupo.
El Partido Likud de Netanyahu señaló en una declaración que es "lamentable" que la Suprema Corte "haya intervenido en una ley importante para la actividad de los asentamientos y su futuro", y agregó que el partido actuará para aprobar una nueva versión de la ley.
Pero el nuevo socio de la coalición de Netanyahu, el centrista partido Azul y Blanco, dijo que se opone a la ley. El partido, liderado por Benny Gantz, quien encabeza el gobierno junto con Netanyahu de conformidad con un acuerdo para compartir el poder, dijo que la ley es "inconstitucional y problemática". El partido prometió "asegurarse" de que el fallo de la Suprema Corte sea "implementado".
En septiembre de 2019, en vísperas de la repetición de las elecciones generales de Israel, Netenyahu prometió que extendería la soberanía de Israel a los asentamientos judíos y al Valle del Jordán en Cisjordania.
Ese territorio ha estado ocupado por Israel desde lo que se conoce como la guerra de los seis días de 1967 y que según la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, estaba destinado a formar un estado árabe (el estado palestino).
Israel administró Cisjordania inicialmente bajo un régimen militar, hasta que en 1982 estableció un organismo específico para su administración, la Administración Civil (CA), dependiente del COGAT (Coordinador de las Actividades del Gobierno en los Territorios), que a su vez depende del Ministerio de Defensa de Israel, para atender tanto a los colonos israelíes como a la población palestina.
En 1993 se celebraron los Acuerdos de Oslo firmados entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que buscaban ofrecer una solución permanente para el conflicto palestino-israelí. Estos acuerdos se complementaron con los acuerdos de Oslo II, o Acuerdo de Taba por el nombre de la ciudad donde se firmaron.
En el marco de estos acuerdos se creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la que fue transferida la administración de la Franja de Gaza y de parte del territorio de Cisjordania, excepto Jerusalén Este. El territorio de Cisjordania fue dividido en tres áreas: el área A, bajo control civil y policial de la ANP; el área B, bajo control civil de la ANP y control militar conjunto con Israel; y el área C, bajo control militar exclusivo y control civil casi total de Israel.
El 62% de Cisjordania es área C y es el único con continuidad territorial. A finales de 2010, todavía había 99 puestos de control israelíes y 505 obstrucciones de varios tipos en carreteras, que dificultan la libre circulación de los palestinos en Cisjordania.
Las áreas A y B se encuentran fragmentadas, no tienen continuidad territorial, son como islas, no se comunican unas con otras, así que en realidad son distintas áreas A y B, lo que compromete la unidad territorial del futuro Estado Palestino.
El potencial para el desarrollo urbano, agrícola y económico está en el Área C, por eso durante todos estos años Israel ha extendido su presencia en el territorio ocupado, han creado grandes extensiones de tierra como tierras estatales, tierras de estudio, zonas de tiro, reservas naturales y parques nacionales y usa su control sobre el área para anular la planificación y construcción palestina y extender su presencia mediante la asignación de tierras a los asentamientos y sus consejos regionales, expulsando a los palestinos de esas zonas.
Desde el 22 de noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha exigido la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados, el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y ha declarado la creación de asentamientos por parte de Israel como ilegales y un obstáculo para el logro de la paz y la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967, pero eso no ha evitado que Israel se siga expandiendo.
Inclusive, Israel ha construido una barrera física que rodea Cisjordania y los asentamientos de Israel, como la que tanto anhela Trump en su frontera con México. Esta barrera también ha sido condenada internacionalmente, pero tampoco ha evitado que la sigan construyendo.
El gobierno debe comenzar a discutir la anexión de facto el 1 de julio de por lo menos tres bloques de asentamientos israelíes ubicados en Cisjordania Maale Adumim, Ariel y Gush Etzion, pero no está claro si el principal aliado de Israel, los Estados Unidos, dará luz verde al paso. En el plan de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la mayoría de los asentamientos de Israel se incorporarían al “territorio israelí contiguo”, lo que la autoridad palestina ha rechazado.
La anulación de la ley no permitirá que la propiedad en esos territorios sea legalizada.
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