El policía Derek Chauvin y George Floyd

 

El 25 de mayo, al detener a George Floyd por supuesto pago con un billete falso, oficiales de policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos terminaron matándolo, pero difícilmente podrán ser responsables civilmente por sus acciones por una doctrina conocida como inmunidad calificada.

En la Ley de Derechos Civiles de 1871 (también conocida como la Ley Ku Klux Klan), el Congreso otorgó a los estadounidenses el derecho de demandar a los funcionarios públicos que violan sus derechos. Está disposición actualmente se refleja en el artículo 42, la Sección 1983 del Código de los Estados Unidos llamada “Acción civil por privación de derechos”, que dispone que si un funcionario público viola los derechos de una persona, ya sea por brutalidad policial, una búsqueda ilegal o un arresto ilegal, puede presentar una demanda para responsabilizar económicamente a ese funcionario público por su conducta.

El artículo señala que "todo" funcionario estatal que cause una "privación de cualquier derecho" garantizado por la Constitución y las leyes "será responsable ante la parte lesionada". Esto se conoce en nuestro sistema legal como la responsabilidad patrimonial del estado.

Inicialmente, la Suprema Corte de los Estados Unidos reconoció la aplicación directa de esta ley. Sin embargo, a partir de la década de los 60, la Corte Suprema ha limitado en gran medida este derecho, creando la doctrina de la la inmunidad calificada, y luego expandiéndola enormemente.

La Suprema Corte creó la inmunidad calificada en 1967, describiéndola como una “modesta” excepción para los funcionarios públicos que habían actuado de "buena fe" y creían que su conducta estaba autorizada por la ley.

Quince años después, en el caso conocido como Harlow v. Fitzgerald, la Corte amplió drásticamente la defensa. La protección brindada a los funcionarios públicos ya no dependería de si el funcionario actuó de "buena fe". En cambio, incluso los funcionarios que violen los derechos de las personas de manera maliciosa son inmunes a menos que la víctima pueda demostrar que su derecho está "claramente establecido".

Cumplir con éste estándar es extremadamente difícil para las víctimas. Para demostrar que la ley está "claramente establecida", dijo el Alto Tribunal, una víctima debe señalar un caso previamente decidido que involucra el mismo "contexto específico" y "conducta particular".

A menos que la víctima pueda señalar una decisión judicial que involucre el mismo contexto y conducta, el oficial estará protegido de responsabilidad.

Esta doctrina se ha convertido en una de las principales formas en que la policía evita la responsabilidad por la mala conducta, aunque existan claras violaciones a los derechos constitucionales.

La Corte Suprema ha reconocido una excepción a esta regla, en el caso Hope v. Pelzer. Allí, los oficiales de una prisión para disciplinar a un prisionero, lo esposaron durante siete horas con las manos sobre los hombros, sin camisa, bajo el sol del verano. En un momento, un guardia se burló del prisionero dándole agua enfrente de él a un perro guardián. Ante estas circunstancias, y aunque no existía ningún caso anterior que hubiera confrontado hechos similares, la Corte Suprema dictaminó que la crueldad de los oficiales era "tan obvia" que deberían haber recibido una "advertencia justa" de que su conducta violaba la protección constitucional contra el castigo cruel e inusual.

Pero bajo este precedente los tribunales frecuentemente consideran las circunstancias extremas del caso, como el umbral de cuán atroz debe ser el comportamiento de un oficial antes de que se considere que debe tener una "advertencia justa".

En lugar de considerar si se han violado los derechos civiles de una persona y, de ser así, proporcionar a la víctima un remedio, los tribunales cierran sus puertas a las víctimas cuando un oficial de policía viola intencionalmente sus derechos,  ya que ese oficial generalmente estará protegido de la demanda a menos que la víctima pueda identificar una decisión anterior de la Corte Suprema o una corte federal de apelaciones en la misma jurisdicción que sostiene que precisamente la misma conducta en las mismas circunstancias es ilegal o inconstitucional. Si no existe ninguno, el funcionario es inmune. Si las acciones del funcionario son inconstitucionales, intencionales o maliciosas es irrelevante para la prueba.

Cuando la Corte Suprema concibió inmunidad calificada, prometió que la regla no proporcionaría una "licencia de conducta ilegal" para los funcionarios del gobierno, pero cuatro décadas después, se ha demostrado que la inmunidad calificada protege rutinariamente tanto a los incompetentes como a aquellos que a sabiendas violan la ley.

En el caso de Floyd se debe demostrar que existe un caso en el que se haya considerado responsable civilmente a un policía por causar la muerte de una persona al colocar la rodilla sobre su cuello.

Más información theappeal.org/

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net