Joven con cubrebocas

 

Autoridades del gobierno de Italia han propuesto la creación de un cuerpo de unos 60,000 voluntarios encargados de ayudar en la ejecución de las nuevas reglas de convivencia social una vez que el país termine completamente el confinamiento al que se sometió para evitar el contagio de COVID-19.

La idea es del ministro de Asuntos Interiores Francesco Boccia y del alcalde de Bari, Antonio Decaro, quienes han señalado que los voluntarios pueden surgir de grupos de pensionados y de desempleados, para ayudar a recordar a los habitantes de cumplir las reglas de sana distancia y el uso de cubrebocas en espacios públicos como playas, parques y plazas.

Proponen que el reclutamiento de los voluntarios quede a cargo de la unidad de protección civil, organismo que ha estado dirigiendo a los voluntarios que han estado ayudando a combatir la enfermedad que ha ocasionado casi 33,000 fallecimientos en Italia.

Los voluntarios, por supuesto, no recibirán salario y no estarían facultados para imponer multar.

El alcalde Decaro declaró este lunes que algunos voluntarios potenciales están ya entre los grupos de personas “que ayudaron a entregar abarrotes o medicinas a quienes no pudieron salir de sus casas durante la crisis”.

“En esta nueva fase, ellos ayudarían a controlar el acceso a parques o mercados, contando el número de personas que entran o salen, o explicando las reglas de acceso a las playas cuando reabran”, manifestó el alcalde mediante comunicado de prensa.

Se trata de una propuesta que, como todo, ha generado reacciones políticas de apoyo y de oposición, pero que independientemente del color político presenta ciertos cuestionamientos legales, particularmente en lo que hasta hoy día conocemos como regímenes democráticos. Se sumaría a los cuestionamientos que han surgido respecto de la legalidad en una democracia de la imposición de las severas medidas de confinamiento bajo las cuales las personas son multadas por salir de sus casas sin una fundada motivación.

Carlo Calenda, político de oposición, planteó algunos de estos cuestionamientos, aunque no en profundidad: “¿Cómo podemos pensar que 60,000 personas encontradas quién sabe dónde, entrenadas quién sabe dónde irán por toda Italia diciendo a los italianos qué hacer respecto de reglas que nadie entiende? ¿Es normal y legítimo en un país democrático?”

¿Solidaridad social o grupos de vigilantes?

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